El asesinato de los esposos en Villa Altagracia ha obligado a poner los ojos sobre los métodos aplicados por la Policía ante la ciudadanía. Ese crimen ha estremecido a todo el mundo, por la brutalidad, la desproporción. No hay forma de verlo que no resulte incomprensible. ¿A quiénes les disparaban? ¿Qué realmente buscaban? ¿Una pasola robada?
La sociedad indignada, desde el liderazgo principal encarnado en el presidente de la República, ha reclamado el esclarecimiento del hecho en sí, y todo lo que pudiese encerrar. Todo lo que condujo a una descarga tan despiadada de violencia sobre unos civiles indefensos que ni siquiera pudieron hablar.
El exceso policial requiere consecuencias. En lo inmediato corresponde al Poder Judicial actuar con calidad mediante los instrumentos que provee la ley para que quienes actuaron como malhechores y desfiguraron la misión policial, reciban las sanciones condignas. La Corte de Apelación de San Cristóbal hizo bien en rechazar la recusación contra la jueza Sugeldi Rosario Mena, de la Oficina de Atención Permanente de Villa Altagracia, en el entendido clarísimo de que no tiene ningún prejuicio respecto a ninguno de los imputados.
Es más que evidente que esa recusación obedeció a un propósito penoso y recurrentemente utilizado por algunos defensores convencidos de que el recurso de la distracción del tribunal para jugar con el tiempo puede rendir beneficios. El caso es demasiado grave como para recurrir a esa triquiñuela. Tampoco contribuiría al ejercicio del derecho de los imputados, pretender convertir el entorno del tribunal en un escenario de “confrontación” entre las partes, mediante un burdo ejercicio de la manipulación.
Los dominicanos esperan que un hecho muy bien definido como aleve, bárbaro, vergonzoso y cobarde, sea juzgado con propiedad y según las reglas previstas en nuestra ordenanza penal.
La sanción social hacia la Policía ha sido suficientemente explícita y vigorosa como para que se entienda a qué aspira la sociedad respecto a la necesidad de que se humanicen las relaciones entre los agentes del orden y los ciudadanos.
Corresponde ahora a la Justicia jugar el papel que le asigna la ley, con toda la entereza que el caso demanda.
