La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reveló la semana pasada que después de un largo proceso de seguimiento detectó una cuantiosa defraudación fiscal que envuelve un monto de RD$4, 127,5 millones, y si se incluyen los intereses por indemnizaciones y recargos, se elevaría a RD$9,321.7 millones.
Es quizás la evasión hasta ahora más cuantiosa detectada por esa dependencia. Y siendo así, estamos ante un caso gravísimo.
Al grupo empresarial Tremols Payero se le acusa de evadir RD$707 millones de Itbis, RD$1,037 millones de Impuesto Sobre la Renta y RD$2,384 millones de Impuestos Selectivos al Consumo, para un total de RD$4,128 millones, dejados de pagar durante al menos siete años, principalmente desde 2012 hasta el año pasado, en la producción y comercialización de alcoholes.
Según ha dicho la DGII, los ilícitos se cometían a través de un paquete de organizaciones que fueron mutando, pero todas bajo la sombrilla de los principales acusados.
Según la institución, algunas de esas empresas reportaban compras por valores millonarios a otras empresas que “no tenían una estructura para realizar esas ventas y que no guardaban relación con su actividad económica, determinándose que eran compras ficticias, que tenían como propósito deducir esos gastos (ficticios) de la renta neta imponible y de esta manera dejar de pagar los impuestos correspondientes, para lo cual utilizaban facturas con Números de Comprobantes Fiscales (NCF) para simular el carácter ficticio de las operaciones…”
Se trata de un caso escandaloso, y al efecto se ha desatado la persecución contra los señalados como responsables del señalado entramado.
Hay que señalar que resulta más que extraño que esas empresas vinieran operando de esa forma desde hace tanto tiempo, y que las autoridades de la DGII no se dieran cuenta de esa defraudación.
¿Cómo es posible que las empresas suplidoras de materias primas o las compradoras de sus productos no percibieran en algún momento que se relacionaban con organizaciones que para la DGII recurrían a medios fraudulentos?
En cualquier caso, será la justicia que deberá decidir el curso de la cuestión. Mientras tanto, el empeño de la DGII por hacer cumplir la ley es más que loable, y merece el reconocimiento ciudadano.
Las leyes son para cumplirlas y todos estamos en la obligación de hacerlo.
