La Junta Central Electoral (JCE) fijó al día de ayer como fecha límite para que las organizaciones políticas expresaran su posición sobre la propuesta de voto automatizado y conteo manual del 100% de los votos emitidos.

El plazo fue comunicado el pasado jueves, apenas 48 horas laborables, durante las cuales los partidos debían definir una opinión sobre un asunto tan delicado que ha devenido en el foco de atención después de las primarias del 6 de octubre.

Con razón, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) adelantaron una petición de prórroga de ese plazo para establecer sus criterios sobre la materia.

En el día de ayer, el candidato presidencial del PRM Luis Abinader declaró a elCaribe que su partido no fijará posición sobre el voto automatizado hasta que no concluya un informe que preparan asesores de esa organización sobre el uso de ese sistema de votación. Además, lo condicionó a que la JCE cumpla con la auditoría que debe hacer a los equipos utilizados en las primarias pasadas.

A la JCE le corresponde organizar las elecciones, pero sus actos mayores, como sería decidir sobre la forma de votación, deben contar con el aval o el consenso de las agrupaciones políticas.
Es un hecho objetivo que existen interrogantes acerca del sistema electrónico de votación, no solamente en República Dominicana, donde fue utilizado, sino en países donde ha sido implantado. Y hemos visto naciones del primer mundo donde ha sido totalmente descartado, como Alemania, Finlandia, Holanda, Irlanda, Noruega, Reino Unido, Francia, después de algunas experiencias.
Hay opiniones divergentes sobre este asunto, y siendo así, no puede tomarse una decisión si no es bajo el temperamento de un consenso, al menos cercano a la unanimidad, como se dijo en algún momento.

Lo que hemos visto en Bolivia sugiere la necesidad de establecer procedimientos afirmados en la transparencia como garantía de la seguridad del voto de cada ciudadano.

No se discuten las potestadas de la JCE previstas en las leyes. Lo que se sugiere son determinados niveles de conformidades básicas para los concurrentes a las elecciones.
Es un asunto muy delicado lo que está en discusión.

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