Ayer elCaribe comentó editorialmente el encuentro convocado el pasado lunes por el presidente Danilo Medina con los funcionarios de los sectores Salud y Seguridad Social. El comentario giró en torno a la necesidad de buscar los puntos coincidentes para una reforma o modificación de la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
Nuestra opinión se sustentó en la importancia de que la reunión del lunes la liderara el presidente Danilo Medina, porque le da la categoría de “interés presidencial” al tema.
Simultáneamente con el editorial, el periódico publicó una información, originada en una denuncia del senador José Rafael Vargas (PLD-Espaillat), que contribuyen a crear nuevas preocupaciones acerca del SDSS, su operatividad y sostenibilidad futura.
El senador Vargas, también abogado y periodista, dijo que 158 alcaldías adeudan más de RD$6,000 millones a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), por descuentos a sus empleados y contribuciones propias para los sistemas de pensiones y seguros de salud.
Lo más grave de la denuncia del senador Vargas, presidente de la Comisión de Seguridad Social, Pensiones y Trabajo del Senado, es que la situación tiene un doble efecto nocivo, pues afecta la sostenibilidad del sistema, y la situación económica de los empleados municipales, a los cuales se les hacen los descuentos correspondientes, pero los recursos no llegan a la TSS. Es una situación parecida a una defraudación. Como la que producen los comercios que retienen el ITBIS a los consumidores pero no lo transfieren al fisco.
El mensaje no puede ser más negativo, que desde el mismo sector público, que es lo que son los gobiernos municipales, se esté afectando a un sistema llamado a procurar salud y pensiones para los trabajadores.
De la deuda atribuida a los 158 cabildos, el 66.66% corresponde a mora, lo que refleja una cultura de incumplimiento en esas instancias. Y con el agravante de que, se alega, los morosos buscan que se les dé una amnistía, para borrar esa deuda. En la ley 87-01 van varias amnistías. Otra más seria un incentivo para que se sigan cometiendo moras.
Por eso es válida la observación del senador Vargas de que “si vamos a modificar la ley (87-01) tiene que ser con un régimen de sanciones muy estricto, porque el que no cumple perjudica a los demás”. Más claro ni el agua cristalina.
