Cautela de RD para conceder refugios

    Con el título de El refugiado y los Juegos Olímpicos, este diario editorializó el pasado 10 de agosto para destacar lo interesante de que en Tokio 2020 el telón de fondo expuso el tema de los emigrantes porque no solo estuvo el Equipo Olímpico de Atletas Refugiados, sino que una gran cantidad de los que obtuvieron medallas eran precisamente emigrantes que los países galardonados habían acogido como refugiados.

    En ese editorial expresamos nuestra solidaridad e hicimos un llamado de atención sobre la situación del refugiado, que en la mayoría de los casos anda errante y padece el estigma y la discriminación como solicitante de asilo en un país extranjero.

    Hoy retomamos el tema desde otra perspectiva: la renuencia, timidez o el comedimiento con que República Dominicana asume como política para conceder el estatus de refugiado, al extremo de que actualmente apenas cinco extranjeros poseen esa condición y solo 24 en los últimos 10 años.

    No se trata de recriminar a nuestras autoridades por su “tacañería” en tan delicado tema; sino para expresar que hasta cierto punto hay suficientes motivos para que el Estado dominicano sea cauto.

    Es que nuestro país no cuenta, y de ahí la necesidad del recelo, con una legislación acabada sobre el tema y en ningún caso, como se “insinuó” al iniciarse el actual Gobierno, podemos ceñirnos a un simple reglamento.

    Incluso, sería edificante revisar la discusión de hace menos de tres años cuando República Dominicana se negó a adoptar al Pacto Global sobre los Refugiados que sería suscrito en Naciones Unidas, porque se consideraron válidos los argumentos de que se trataba de una definición muy abierta y que podría lesionar el interés nacional.

    Y aunque se han suscrito instrumentos internacionales sobre refugiados, al menos uno de ellos no ha sido ratificado, lo que de por sí obliga a un estudio a fondo desde el punto de vista de nuestra Constitución y ordenamiento jurídico.

    Quizá lo más importante es que se carece de consenso en la sociedad dominicana, no existe ni se vislumbra por el momento, lo cual resulta estrictamente necesario.

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