Recibimos noticias que tienen como fuentes ciudadanos residentes en la cercanía o concurrentes a las cuencas altas y medias de importantes ríos. Están alarmados porque muchos arroyos y cañadas sin daños forestales ni degradación en sus entornos están secos o en vías de extinción. Que el año pasado, arroyos y cañadas que vieron correr desde siempre están polvorientos. Su conclusión es que simplemente los regímenes de lluvias han cambiado.
La inquietud debe llamar la atención del gobierno, consciente de la necesidad de garantizar el acceso de la población a los alimentos, según se expresa en la declaratoria de 2020 como “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”.
Y es que sin agua nada garantiza la producción local de alimentos de origen agropecuario. Asumimos que los responsables de las políticas mediante las cuales se persigue esa consolidación elaboran algún plan en un año con inquietantes augurios climáticos.
Si bien el decreto 497-19 tiene algunas expresiones generales como solicitar que “las instituciones públicas y privadas colaboren en la implementación de iniciativas y programas que fomenten la seguridad alimentaria”, no se conocen las estrategias para garantizar la consolidación de la sostenibilidad de la suficiencia alimentaria.
Enero empezó seco y una crisis por descuido en el sector avícola. El año pasado fue brutal con la pecuaria en la Línea Noroeste. En general, la sequía diezmó amplias zonas productivas en varias regiones.
Más que una declaración, sería interesante que el gobierno presente los planes que sustentan sus propósitos para el “Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”. Que hable de sus líneas de acción para pequeños y medianos productores, clave para cualquier política de seguridad alimentaria.
La directora del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de las Naciones Unidas, Margarita Astrálaga ha dicho que en el mundo “hay 550 millones de familias que trabajan en agricultura familiar: dos billones de personas que dependen directamente de esa agricultura y esas personas en los países en desarrollo son los que producen el 80% de los alimentos de sus países. Y todas están expuestas al cambio climático”.
La propia declaración del gobierno es una oportunidad para proteger la producción de los pequeños y medianos de manera preventiva y proactiva, no cuando se haya desatado un desastre de imposible remediación.
