En ocasión del Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción, el presidente Luis Abinader hizo un ejercicio de reafirmación con las mejores prácticas de gobernanza, y anunció un Plan Integral de Reformas Institucionales.
Es una iniciativa positiva. Muestra una voluntad, una determinación para fortalecer la democracia y las instituciones. Al mismo tiempo, el Presidente profundizó su discurso en pro de la transparencia y contra la corrupción en la toma de decisiones y procesos de compras y contrataciones en el gobierno.
Las palabras, si se cumplen, tienen mucho valor, no sólo por lo que anuncian, sino porque lo conducen a nuevos niveles de compromiso con la sociedad.
Abinader ha identificado el Ministerio Público como esencial para el robustecimiento de la administración judicial y apuesta a su independencia, y dice que para materializar esa independencia son necesarias algunas reformas constitucionales para darle mayor grado de legitimidad.
“Asumo el compromiso de impulsar una reforma constitucional para convertir el apartidismo como criterio garante de la independencia del Ministerio Público, y en un legado institucional duradero”, dijo. Y enfatizó la necesidad de adoptar medidas en la lucha contra la corrupción, dentro de un paquete “más amplio de reformas institucionales…”.
Es decir, que igual el Presidente pretende fortalecer el combate de los ilícitos en la administración pública mediante previsiones institucionales no necesariamente sujetas a coyunturas.
Con cierta sutileza, sugirió la necesidad de un proceso de reforma institucional del Congreso para “reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos, fortaleciendo, de este modo, las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución de la República de modo que los llamados “barrilitos” sean eliminados de manera definitiva”.
Muy obvio que el mandatario no es ajeno al grito extendido de que cesen los privilegios que disfrutan los legisladores, que discrecionalmente se asignan fondos que no están previstos en las leyes, lo que viola un principio de que no se puede legislar para beneficio propio.
Todo eso orientado a fortalecer la transparencia en la administración del Estado.
Entendemos que el Presidente se lo toma en serio. Para su anuncio convocó testigos, más allá de su Gabinete. También está el país que lo observó. Tiene ante sí el reto de trabajar para desarraigar el cáncer de la corrupción.
