La judicialización de varios casos de abuso sexual en escuelas públicas es un tema preocupante. La decisión de llevar ante la Justicia a los acusados de tales felonías, es correcta.Si se les prueban los hechos de los que se les acusa, los inculpados deben ser rigurosamente castigados. Pero el tema revela, refleja o pone en evidencia la existencia de un problema de descomposición muy grave, que se anida en las escuelas y que tiene a profesores como el foco central, como los propagadores de la contaminación moral que proyectan esos casos.
No es la primera vez que se produce un caso de acoso o abuso sexual en una escuela, pública o privada, de nivel intermedio o secundario, atribuido a un maestro.
Periódicamente se conoce de algún caso individual, de un profesor vinculado con una alumna. Pero casos en serie, como el denunciado en Salcedo, donde fueron agredidas sexualmente 12 niñas, ya es una situación muy agravada, que proyecta o retrata a una persona con una conducta afectada por muchas desviaciones.
Ese hecho cuestiona incluso el método de selección de los profesores y plantea un escenario de poco seguimiento a su comportamiento una vez nombrado.
Los casos de agresiones sexuales sucedidos en Salcedo y San Francisco de Macorís no deben quedar en las sanciones que puedan aplicar los tribunales apoderados. Debe haber medidas preventivas para que en el futuro si no pueden evitarse casos similares, al menos minimizarse tales posibilidades.
¿Quiénes deben asumir la responsabilidad de esa vigilancia de conducta y comportamiento de los profesores? Tal vez el Ministerio de Educación debería crear una unidad especializada.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), vía su Comité Ejecutivo, movida por casos de abusos sexuales de la región del Cibao, decidió elaborar un código de ética para trabajar la conducta de los docentes, de forma que estos sean entes de confianza.
La acción del gremio profesoral, acompañada de la suspensión de los profesores señalados como autores de los abusos, es correcta, pero no debe limitarse a esas medidas, y necesita acompañamiento de otras instancias. Hay que erradicar el abuso sexual de profesores contra alumnos. Es un crimen aberrante en todos los sentidos, pero se agrava cuando lo comete un profesor, por su condición natural de orientador de sus alumnos.
