La Constitución del 2010 está literalmente sin acompañamiento. La mayoría de las leyes de adecuación que según la propia Carta Magna deben ser aprobadas, todavía están a la espera de sanción legislativa. Algunas de esas iniciativas ni siquiera tienen propuestas.
La periodista Suedi León, en una historia que elCaribe publica en esta misma edición, cita entre las iniciativas que están en el tintero, la reforma a la Ley Orgánica de la Cámara de Cuentas, la Ley Orgánica de los Derechos de Participación Ciudadana, la Ley Anti-Discriminación, una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y una ley para actualizar y regular el proceso Contencioso Administrativo.
Ese es el botón de la muestra. El universo es muy amplio porque el Congreso Nacional, compromisario de la adecuación a la Constitución que aprobó, se ha limitado en los primeros siete años de vigencia de la Ley de Leyes, a adoptar las iniciativas vinculadas al funcionamiento de las llamadas Altas Cortes. Para el resto de las iniciativas legislativas de adecuación de la estructura jurídica dominicana a la Constitución, la actitud del Congreso ha sido diferente, muy acomodaticia si se quiere.
No es que se le reclame a los legisladores la aprobación al vapor, como aquellos divorcios realizados a raíz de una legislación aprobada en la década de los 70. Pero tampoco debe ser la aplicación del paso de tortuga a iniciativas que están llamadas a respaldar la naturaleza del Estado social y democrático asumido en la reforma constitucional que lleva siete años y tiene todavía temas pendientes.
El Congreso Nacional, como uno de los tres poderes en que se divide el Estado dominicano, tiene su autonomía, independencia y, por tanto, libertad para actuar, sin ninguna presión ni injerencia de otra instancia de poder. Esa prerrogativa no se discute.
Lo que sí es criticable es que el de derecho -que no necesariamente implique de hecho-, el primer poder del Estado no haya sido más diligente con su propio mandato.
Es entendible que hay aspectos, dentro de las iniciativas a ser aprobadas, que deben ser planteados por instancias ajenas al Poder Legislativo y que exigirles cumplimiento sería una extralimitación. Pero hay aspectos en los que el Congreso Nacional ha sido apoderado y no ha decidido, como las iniciativas vinculadas a los partidos políticos. Empezar por ahí será una buena señal. Adelante, pues. l
