La aprobación de la ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial estimuló la esperanza de que se tendría un instrumento para fortalecer las bases para desarrollar un sector fundamental para la vida de los dominicanos.
Pero la ley es sólo una piedra en un edificio que se ha construido retorcido, desde la vieja ley 241 de tránsito vehicular y las intervenciones sucesivas y clientelares del gobierno en la gestión de un sector donde concurre toda clase de intereses.
Nada se hace con la ley y los planes, por más bellos que sean, si el gobierno no actúa con una visión de conjunto. Por un lado está la seguridad vial y todo lo que debe hacerse para mejorarla, para que la gente entienda el valor de manejar con responsabilidad, y el papel de los agentes para cumplir con el mandato de la ley y ayudar a los ciudadanos a comportarse debidamente, de modo que las muertes o heridas por accidentes dejen de ser una epidemia.
Asimismo, está la necesidad de hacer realidad el Plan Nacional de Movilidad y Transporte, que es una acción de gobierno con múltiples implicaciones, que no puede quedar en manos de una sola institución, y requiere de una acción coordinada para avanzar hacia un nivel de movilidad y transporte decente y de costo razonable.
¿Quiénes llevan a cargo esta última agenda? ¿A quiénes les rinden cuentas?
Otra materia, muy específica del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), es la movilidad y la seguridad en las ciudades, fundamentalmente el Gran Santo Domingo y Santiago, donde la transportación es de mala calidad y cara, y la viabilidad caótica. Esa institución puede dar algunos pasos en materia normativa, pero si el gobierno todo no se involucra en la prestación del servicio, sea como accionante directo o involucrando al sector privado, por más que se regule, difícilmente habrá cambios perceptibles.
Se anuncia que construirán parqueos, teleféricos, terminales. Todo eso requiere un mando único, una voluntad creíble, y que los recursos les lleguen al INTRANT para que juegue el papel que le asigna la ley.
Las autoridades, aún en el año que les queda, tienen la oportunidad de dar un salto en materia de movilidad y seguridad vial.
