De la violencia física y el maltrato psicológico

    Recientemente el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (Pacam) dio a conocer un estudio sobre la violencia ejercida contra las mujeres por sus parejas.
    Los datos más significativos del estudio revelan la estrecha relación entre el maltrato psicológico como forma de control y la violencia física y sexual, por lo que esta coexistencia tiene que ver con el deterioro de la salud mental de las víctimas.

    Que las mujeres sufren violencia de todo tipo y en todos los ámbitos no es un secreto para nadie, y si bien existen muchos estudios y documentadas estadísticas, el problema de la salud mental de las víctimas debiera ser abordado con profundidad.

    Las psicólogas familiares Soraya Lara y Lisanna Pérez señalan que los síntomas más frecuentes en las mujeres víctimas de violencia son el estrés postraumático y la depresión.

    Precisamente el trastorno de estrés postraumático es señalado en el estudio como una posible consecuencia de que las víctimas no pueden predecir ni controlar cuándo sucederá el maltrato psicológico por parte del agresor, lo que genera un aislamiento y embotamiento afectivo.

    También, como consecuencia de la violencia sexual que se ejerce contra las víctimas en la intimidad del hogar, esos niveles de estrés pueden generar ideas suicidas, debido al aislamiento y a la falta de apoyo social.

    Las situaciones de violencia que viven a diario miles de mujeres en nuestro país, y que muchas veces culminan en feminicidio, exigen respuestas cada vez más firmes y profundas de parte de toda la sociedad.

    Las marcas de la violencia en todas sus formas siempre son demasiado profundas, y provocan que un altísimo porcentaje de las mujeres en nuestra sociedad viva sometida al maltrato, a la imposibilidad de comunicarse adecuadamente con sus semejantes, a soportar el estigma del miedo a los golpes y a sufrir todo tipo de vejaciones.

    Tal vez de lo que se trata es de trabajar sobre la base de un compromiso que involucre a todos los estamentos, autoridades sanitarias, judiciales, educativas y organizaciones comunitarias, para ofrecer una protección más efectiva que preserve la vida de las mujeres de todos los estratos sociales.

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