La falta de transparencia de funcionarios públicos es constante en el tiempo. Ayer escogimos de la base de datos de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental las 861 solicitudes a Oficinas de Libre Acceso a la Información registradas en la actualidad, de las que el 30 % está fuera del plazo establecido por la ley.
Si la muestra abarca los últimos dos años (enero 2020-diciembre 2021), período en el que 254 instituciones gubernamentales y descentralizadas recibieron 25,992 solicitudes de informaciones, 2,480 de estas, o sea el 20 %, fueron contestadas luego de vencido el plazo.
Entre las entidades que tardaron en dar respuesta figuran: Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (33 de 146), la Armada RD (21 de 59), Ministerio de Medio Ambiente (264 de 778), Obras Públicas (183 de 798) y la OISOE (45 de 174).
Otras dos instituciones de la lista con más de un 20% de solicitudes con respuesta fuera de plazo son el Senado (182 de 828) y el Tribunal Superior Electoral (17 de 54).
Recientemente elCaribe confrontó dificultades para acceder a informaciones del Ministerio de la Vivienda, cuya respuesta tardó cuatro meses (2 de octubre-3 de febrero) y al final no llegó completa, y de la Dirección de Migración (16 noviembre-29 diciembre, 45 días) para indagar si las alertas migratorias habían sido eliminadas.
Con Salud Pública tardamos más de un mes en conocer la cantidad de vacunas en almacén.
No hay consecuencias por esos incumplimientos, pese a que el artículo 30 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 establece penas privativas de libertad de seis meses a dos años, así como inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años, al funcionario que denegare, obstruya o impidiere el acceso del solicitante a la información requerida.
El “silencio administrativo” es un desafío a la transparencia por lo que quizá se impone, como sugiere Finjus, que los sistemas de consecuencias preestablecidos ante la ausencia de una información certera y veraz se tornen más rigurosos y adaptar la ley, que es del 2004, al nuevo orden constitucional.
