Suena como un estribillo, de tanto repetirse, que en el país no hacen falta nuevas leyes para determinados asuntos, sino que se apliquen las que existen.
Parecería ser verdad si observáramos las legislaciones vigentes contra el dolo y para prevenir la corrupción, tantas que podríamos competir con cualquier otro país.
Y si tomamos como referencia los discursos contra la corrupción y la impunidad, fácilmente podríamos ser los campeones de la “bolita del mundo” en combatirla.
No pretendemos desacreditar los esfuerzos de sectores para adecentar la vida pública, pero si vamos a los resultados tangibles, no existe correspondencia entre lo escrito y lo que se dice y se hace.
Uno de los mayores daños para que así sea proviene de la recurrente práctica de utilizar tan noble causa para intervenir en política, o reducirla a un simple escarceo contra predeterminados sectores o personas, lo que genera descreimiento y desconfianza en la ciudadanía.
Ejemplos recientes sobran, como lo ocurrido con la Marcha Verde, un conglomerado diverso que en su momento generó expectativas, pero decisiones incorrectas la distanciaron de su propósito inicial.
Derivó en palanca de intereses de políticos y de particulares contrarios al gobierno de turno, por lo que mucha gente que de manera sincera se sumó a ese clamor se retiró, y solo quedaron unos pequeños grupos radicalizados.
Flaco favor se hace al adecentamiento del manejo de la cosa pública cuando se desvirtúan los objetivos de la lucha por la honestidad.
El Día Internacional contra la Corrupción es propicio para preguntar qué se ha ganado. Las respuestas serían diversas, pero es poco probable que la mayoría crea que hubo suficientes avances en términos de institucionalidad.
Seguimos en un círculo vicioso porque sus jornadas o “picos” más significativos son monopolizados por falsos profetas de la moralidad pública que generan mucha alharaca sin ningún resultado.
Una iniciativa que saludamos, y a la que nos unimos, ya que hablamos de anticorrupción, es el reconocimiento que esta tarde hará Participación Ciudadana a Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, que también, de nuestra parte, hacemos extensivo a la magistrada Miriam Germán Brito.
