El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Mariano Germán Mejía termina su gestión dejando muy avanzado y en gran medida resuelto un serio problema que afecta al aparato judicial dominicano: la mora o retraso en el conocimiento de los casos, la llamada mora judicial.
Según informó ayer el propio magistrado Germán Mejía, mediante el Plan Nacional de Lucha Contra la Mora Judicial, 127 de 135 tribunales del país dejaron atrás los retrasos en el conocimiento de los expedientes a su cargo.
El programa se prolongó durante un año y dos meses. Fueron identificados 83,621 casos pendientes, o con gran retraso, y al pasado mes de febrero sólo quedaban 828 casos en los tribunales citados.
Pero todavía ocho tribunales, los de San Francisco de Macorís, Santiago de los Caballeros, Santo Domingo, Peravia, El Seibo, Samaná y La Vega, tienen una gruesa acumulación de expedientes en mora, que desde cualquier punto de vista es inaceptable.
El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia anunciado ayer llega con un buen salto sobre ese tema, y sólo tendría que contribuir a resolver la situación en los tribunales antes indicados.
La mora judicial es una cuestión muy sensible en la administración judicial. Cientos, miles de ciudadanos terminan como víctimas de la misma justicia que se pretende impartir, pues permanecen encerrados muchísimo más tiempo del que podría considerarse por el tipo delictivo del que están acusados.
La mora se convierte en una condena adelantada, abusiva. Lo peor de todo es que no hay en el sistema ningún tipo de resarcimiento para quienes sufren largos encierros y después resultan absueltos, pese al daño de una prisión que no merecían.
Y no es sólo el encierro. Es lo que representa sobrevivir un recinto carcelario en República Dominicana, en el cual una buena parte de los internos suelen salir con mayor vocación delictiva.
