Tardaron mucho en llegar porque se hacían impostergables, medidas como las contenidas en el decreto 396-21, de fecha 19 de junio, con las que se pretende racionalizar importantes componentes del gasto público.
Si hablamos de tardanza es porque el mensaje que emanaba desde todo el litoral gubernamental no era de austeridad y sí de mucha holgura en el gasto.
La percepción es que hay inversiones a granel (sin incluir, por obvio, obras imprescindibles para la creación de empleos y para relanzar la economía), donaciones millonarias y el visto bueno a toda petición comunitaria.
Hasta ahora la sensación era la de un Gobierno muy sobrado de recursos y capaz de atender cualquier demanda y hasta las propuestas consignadas en el programa partidario, cuando la realidad mandaba otra cosa para enfrentar, tal cual lo dice el decreto: “El severo impacto que ha tenido la pandemia en la economía nacional e internacional”.
Con esta medida, que no es aplicable a otros poderes del Estado ni a órganos autónomos, se procura alinear el comportamiento de la burocracia estatal con el Plan de Reforma y Modernización de la Administración Pública dado a conocer recientemente.
Es plausible la intención de controlar el dispendio y el uso y abuso para fines particulares de recursos y bienes estatales, para lo cual el presidente Luis Abinader recibirá, se da por descontado, el apoyo pleno de todo ciudadano sensato.
Tiene que ser así pese a que no se trata de algo novedoso; planes similares se han conocido en administraciones anteriores, por lo que la diferencia estaría precisamente en la voluntad política que se exhiba para llevar esto a la práctica.
¿Pero cuántas veces se ha dicho lo de la constricción de viajes al exterior, de los obsequios, de la compra de carros de lujo, la reducción del personal policial asignado a funcionarios, la prohibición de circulación de vehículos oficiales durante el fin de semana y la supresión de exoneraciones?
La diferencia podría radicar, lo reiteramos, en que haya voluntad política suficiente para que se haga cumplir este decreto, lo cual dependerá, en lo fundamental, del presidente de la República, y de la responsabilidad del seguimiento que recaerá en los ministerios Administrativo y de Administración Pública.
