La ley 1-12, de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, manda la firma de tres grandes pactos, de los cuales ya hay dos cumplidos.
El jueves 25 de febrero, en un acto en el Palacio Nacional, se firmó, en el tercer intento, el Pacto Eléctrico, que junto al Pacto por la Educación y el Pacto Fiscal, forman la trilogía temática a ser concertada en el seno del Consejo Económico y Social (CES). Anteriormente había sido firmado el Pacto Educativo.
Ahora le toca el turno al Pacto Fiscal, por dos razones principales. La primera es que se había pospuesto expresamente la discusión fiscal para cuando concluyera el tema eléctrico porque había áreas, como los subsidios presupuestarios al sector, que debían definirse antes de pasar al tema de las finanzas públicas. La otra razón es que ya hay en el escenario presupuestario situaciones que en el esquema actual son insostenibles, y hay que buscarles solución.
Como ya se dio la condición de primero firmar el Pacto Eléctrico para pasar al debate del Fiscal, lo procedente es que desde ya comiencen las discusiones para el inaplazable acuerdo fiscal.
El artículo 33 de la END dice que el Consejo Económico y Social deberá convertirse en el espacio para la discusión y concreción de pactos entre las distintas fuerzas económicas y sociales que permitan la adopción de políticas que por su naturaleza requieren un compromiso de Estado y el concurso solidario de toda la Nación.
Y en el caso específico del Pacto Fiscal, el artículo 36 consigna la necesidad de que “las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar, la sostenibilidad fiscal a largo plazo”, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento.
El Pacto Fiscal implicará iniciar un proceso orientado, entre otros objetivos, a reducir la evasión fiscal, elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria, y elevar la presión tributaria, para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en la END 2030.
El mandato y las condiciones están dados aunque con retraso. Sólo falta convocar.
