La sociedad se ha acostumbrado a hechos insólitos como un “paro sorpresa”. Pese a todas las implicaciones que conlleva, ocurre una y otra vez sin que se piense o analice todo lo que puede desencadenar una acción de esa naturaleza.
El “paro sorpresa” es peligroso para la paz social, altera abiertamente el orden público, y singularmente un servicio como el transporte de personas.
Pese a ello, viene transcurriendo sin que las instancias públicas adopten una actitud más proactiva para evitar este tipo de ocurrencia que violenta las vías de entendimiento civilizadas.
Nadie se sorprendería de que hoy mismo ocurra uno de esos eventos. Ayer, el principal auspiciador de ese tipo de acción mantuvo la amenaza en esa dirección.
Un paro de tal envergadura, con tanto impacto en la vida de las personas, las empresas productivas y los servicios públicos, cómo puede ser decidido por unos cuantos individuos, sin siquiera consultar a la asamblea de la organización.
Se supone que con el paro sorpresa se ejerce un derecho, que es el de la protesta, pero por su naturaleza, deviene en un acto de más alcance, porque se sale de las convenciones previstas en el modus operandi de las organizaciones sociales. Porque se ejecuta con acechanza, con el único propósito de alterar el desenvolvimiento de las actividades.
No se puede negar el derecho de ningún sector social del país a reclamar lo que entiende que le es justo, pero esa potestad no puede ejercerse por encima del bien común.
Lo peor de todo, y es lo que no entra en el análisis, es que puede degenerar en violencia, con altos riesgos para la seguridad ciudadana. En el paro efectuado el lunes, se vio que un grupo de personas, indignadas por la situación creada repentinamente, decidió bloquear el paso de toda la clase de vehículos, también en protesta porque no encontraban medios para llegar a sus destinos. Es un hecho inicial que puede conducir al caos y al desorden generalizado.
En fin, Fenatrano debe considerar un medio civilizado para protestar, para evitar que sus actos no provoquen escalamientos dañosos para la economía y la ciudadanía, con graves repercusiones sociales y políticas.
