La explotación laboral de niños y niñas, es decir, personas obligadas a realizar tareas para las que no tienen edad ni preparación suficiente, es un mal que aqueja a la humanidad desde sus albores, y que en los tiempos actuales es una rémora cada vez más extendida en casi todo el planeta.
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se conmemora, porque no puede celebrarse, cada 12 de junio, tiene por objetivo denunciar la explotación de los niños en todo el mundo, para que se cumpla la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que contempla su eliminación total.
El trabajo infantil tiene en nuestros días un parecido tan idéntico a la esclavitud que eso solo debiera alarmar a todas las sociedades, pero en especial a los que gobiernan y toman las decisiones.
Los niños explotados rara vez tienen acceso a la educación, tampoco a los servicios de salud, en la gran mayoría de los casos, que son millones, tampoco tienen documentos ni figuran en ningún registro civil, es como si no existieran.
La explotación incluye no solamente trabajos para los que sus cuerpos no están en condiciones, desde la cosecha de tomates y cebollas en los campos, tareas en talleres clandestinos que los mantienen en condiciones de esclavitud, sino también otras mucho peores, como la explotación sexual y la pornografía, la trata con fines de reducción a servidumbre y el siempre negado, pero siempre vigente turismo sexual, que pone a niñas y niños en manos de viejos con dinero que pueden pagar hasta por su impunidad.
También figura el reclutamiento de niños y niñas soldado por parte de grupos paramilitares, que los utilizan porque son más manejables, obedecen sin cuestionar y pueden matar con más facilidad.
En el caso de la minería en diferentes partes del mundo también se los usa porque por su tamaño pueden llegar más fácilmente a los rincones inaccesibles, y cuando mueren en algún derrumbe, si acaso alguien se preocupa de rescatar sus cuerpos, los entierran en cementerios clandestinos.
Denunciar y combatir el trabajo infantil es una obligación moral de todos, establecer mecanismos para su eliminación es una tarea de las autoridades que debiera ser vigilada por la sociedad, sobre todo en este mundo global que, ante problemas tan graves como este tipo de explotación, prefiere mirar para otro lado.
