En los tribunales

    El Ministerio Púbico hizo una acusación formal, con especificación de cargos, contra el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, ex jefe de la seguridad del presidente Danilo Medina desde 2004 y un grupo de personas, algunos también con responsabilidades en el Estado, a quienes identificó como parte de una asociación criminal, una coalición de funcionarios y personas, para distraer fondos del patrimonio público.

    Concretamente, la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa, (Pepca) señala a Cáceres Silvestre como el creador de un entramado societario militar-policial y religioso junto a la pastora Rossy Guzmán, a quien identifica como asimilada de la Policía; al coronel policial Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del Cusep y del Cestur; al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, programador de nóminas del Cestur; al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y a otros, para distraer dinero del erario.

    Esas personas fueron detenidas el sábado pasado, y al otro día, al final de una reunión previamente programada del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el secretario general Charlie Mariotti definió las detenciones como “show mediático”, que sigue “un guión” con el objeto de desmeritar la obra del gobierno de Medina.

    El pasado lunes, el representante por Elías Piña, Iván Lorenzo, vocero del PLD en el Senado, dijo: “Pienso que hubo una descortesía al expresidente Danilo Medina. Debieron informarle que a su jefe de escolta se le iba a iniciar una investigación.
    Lamento sobremanera los términos peyorativos y ofensivos que hieren la dignidad humana que están utilizando en cada una de las investigaciones”.

    El martes , el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés Díaz, declaró que “tanto en el caso más reciente como en todos los anteriores, el PLD espera que cualquier tipo de investigación que se haga sobre una persona se efectúe observando el debido proceso, la garantía y los derechos fundamentales de toda persona que está siendo procesada e investigada”. Es un enfoque aterrizado y se aparta de la respuesta tradicional que otros voceros habían adelantado.

    Las acusaciones son muy concretas y deben ser vistas en el marco de las atribuciones del Ministerio Público y ser conocidas en los tribunales. Debe quedar atrás la politiquería, especialmente en una materia con el manejo de los bienes públicos.

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