¿En manos de quiénes?

    La designación de Miriam Germán lavó la cara del Ministerio Público, una institución que estaba bajo fuego, por razones harto conocidas.
    Con la magistrada Germán, la población vio el Ángel que combatiría lo que durante los dos últimos años se convirtió en el foco de atención de la sociedad civil: el manejo de los recursos del erario. La campaña contra la corrupción fue el eje que también prendió los motores de la oposición a partir de las marchas protagonizadas por el movimiento verde.

    Los políticos triunfantes y los grupos sociales dejaron atrás, ¡vaya paradoja!, un tremendo cáncer: la corrupción misma entre los gestores del Ministerio Público en la base de la sociedad, que impacta la seguridad ciudadana.

    La “lucha” contra la corrupción es políticamente más rentable que la persecución del crimen común. Mueve el morbo y satisface a las masas. Para los fines de circo, constituye una oportunidad, aunque al final nadie sabe cómo terminará.

    El lamentable caso del padre de la periodista María Esperanza Pérez, de la redacción de elCaribe, víctima de una agresión con daños graves, como la pérdida de una mano y laceraciones mayores en otra, un acto de barbarie repudiado por la gente de Cristo Rey, se ha diluido por el extraño comportamiento de la Fiscalía barrial.

    No es el primer caso de actuaciones de servidores del Ministerio Público en las fiscalías de los barrios más poblados, que ponen en tela de juicio la imagen de esa institución. Es la parte oscura. Y va más allá. Está relacionado con el auge de las fiscalías barriales. El margen de discrecionalidad da pie a versiones inquietantes, increíbles. Decisiones que pueden descarrilar la misión de un órgano garante de derecho, piedra angular en la persecución y sanción de los delitos y crímenes.

    Se habla de maridajes entre los fiscales barriales y quienes deberían ser sus auxiliares, no socios, los agentes policiales.

    Todo esto gravita sobre el sistema de persecución de los ilícitos y necesariamente debilita la política de seguridad ciudadana. Un justiciable no puede librarse del castigo condigno por una decisión contraria al interés general por conveniencia de quienes están para servir y no para servirse.

    Por eso el miedo de la gente a colaborar con la justicia. Porque se pregunta: ¿en manos de quiénes estamos?

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