Si no viviésemos una realidad tan desconcertante como la epidemia, en estos días la atención de los dominicanos estuviese puesta en los afanes de la transición de los mandos presidenciales y congresuales. Ordenados o en tensión, pero en cumplimiento de las previsiones constitucionales.
Pero todo se ha alterado. La discusión del momento, en medio de los crecientes contagios por la COVID-19, y con un proceso electoral en desarrollo, es la pertinencia de extender el estado de emergencia como ha solicitado el presidente de la República Danilo Medina al Congreso.
En escena el empeño del Presidente y su gobierno por continuar con todos los instrumentos a su alcance para detener el coronavirus, que al mismo tiempo derivan en medios de apuntalamiento del propósito continuista de su partido y su equipo.
La oposición con representación en el Congreso, que ya ha aprobado cuatro iniciativas de declaratoria de emergencia, se encuentra en desventaja en una campaña electoral limitada por la pandemia, en la cual el protagonismo mayor recae en el oficialismo.
Ya en el camino de la desescalada, de devolver la vida a una pretendida normalidad, o más propiamente, a la covidianidad, la extensión de la emergencia se levanta como una dicotomía para la oposición: si no la aprueba puede ser señalada por falta de colaboración para los programas de contención, y si la aprueba, extiende el insondable marco de actuación del gobierno.
La situación ya provocó un disenso entre los grandes empresarios. El CONEP, que apoya todas las políticas públicas durante la pandemia, promueve la permanencia del estado de emergencia, pero ayer, el empresariado de Santiago declaró su rechazo a tal extensión por la disminución de la letalidad de los contagios, la baja ocupación de camas hospitalarias y el uso de unidades de cuidados intensivos. “… No se observa como necesidad renovar el estado de excepción ni el toque de queda, en especial de cara al proceso electoral que se acerca y que requiere un importante grado de libertad y de participación de la población”.
Está en manos del Congreso decidir según las previsiones de la Constitución, el interés general y la preservación de las instituciones de la República.
