El Consejo del Poder Judicial ha respondido las graves denuncias y señalamientos del presidente del Colegio de Abogados, del magistrado Leonardo Recio Tineo y más de un ex director del Registro de Títulos, entre otras personas, mediante un comunicado en el que afirma que se alienta una “campaña de descrédito y desinformación” contra su presidente.
Ayer, en adición a esa declaración, el Consejo del Poder Judicial anunció que decidió “evaluar las actuaciones” del magistrado Recio Tineo, miembro del mismo, y que hizo fuertes revelaciones sobre el desempeño de ese órgano.
En el programa “Reporte Especial con Julissa Céspedes” por CDN, se denunció una extraña reestructuración de la Jurisdicción Inmobiliaria que ha conllevado a una multiplicación incomprensible de gerencias y puestos, y con ellas, a una impresionante revaluación salarial en favor de personas que señalan como allegadas al presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina.
También se habla de una resolución del Consejo del Poder Judicial, mediante la cual fueron transferidos 760 millones de pesos de la Jurisdicción Inmobiliaria, “aludiendo a una supuesta deuda desde el año 2008 que no figura en ninguno de los estados financieros del Poder Judicial”. Y se desconoce su destino.
Asimismo, se le atribuye al presidente del Consejo del Poder Judicial una intervención excesiva en los actos de la Jurisdicción Inmobiliaria, mediante nombramientos de allegados favoritos.
Pero en respuesta, el Consejo del Poder Judicial, “en rigor a la verdad”, se ha limitado, mediante su comunicado publicado en la mayoría de los diarios, a decir generalidades, sin responder los cargos específicos.
El Poder Judicial debe ser ejemplo de sana administración. Del mismo se espera la mayor transparencia. Como cabeza del sistema judicial, debe ser referencia en la materia, especialmente, porque los jueces están llamados y obligados a impartir justicia en su más elevado sentido. Debía inspirar e iluminar el camino de la justicia. Más ahora, cuando se libra una batalla contra la corrupción administrativa.
En consecuencia, el Consejo del Poder Judicial no debe limitarse a responder cuanto se ha dicho mediante el alegato de “una campaña de descrédito y desinformación”. Tiene que referirse a lo específico.
Tampoco debe desatar una persecución retaliatoria contra el magistrado Recio Tineo, quien ha dado la cara.
