Falta voluntad

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    Muchos son los indicadores que caracterizan a la República Dominicana como una de las naciones donde más se posterga el cumplimiento de las leyes, y especialmente, la aplicación de políticas o medidas amparadas en las mismas, que dependen únicamente de la voluntad de las autoridades.

    Puede ser que una ley no se cumpla, como muchas, porque no tenga forma de aplicación, que no se compadezca con la realidad, y caiga en letra muerta, o que sólo se aplique a medias. Eso quizás se pueda admitir, pero lo que no debe ocurrir es que por falta de voluntad, firmeza o entereza de las autoridades, gobierno tras gobierno, no se materialice, pese a su importancia en atención al impacto social.

    En junio pasado fue celebrado el foro sobre la “Estrategia de Atención Primaria Integral de Salud hacia la Salud Universal en la República Dominicana”, un encuentro donde participaron las principales autoridades del sector salud y los acompañantes de las organizaciones internacionales vinculadas, en el cual se buscaba identificar los factores que han dificultado la implantación de la atención primaria.

    Entonces, el mismo ministro de Salud Rafael Sánchez Cárdenas dijo que “la iniciativa de realizar este foro nacional nos permitirá implementar y aplicar de manera estratégica el modelo de Atención Primaria Integral de Salud hacia la Salud Universal”, porque “requiere de menor inversión, menos gastos para el paciente y para el sistema, lo que ofrecería mayor atención principalmente en las embarazadas, al tiempo que reduciría de manera significativa los indicadores de mortalidad, debido al seguimiento y la atención cercana del paciente con el médico”.

    Ahora, resulta chocante ver la declaración de que la atención primaria no arranca porque requeriría montos extraordinarios no previstos en el Presupuesto de 2020.

    Entendemos que en el encuentro de Punta Cana, provincia Altagracia, se suscribió un convenio entre todos los actores oficiales del sector salud para acelerar el programa de atención primaria. Es tan sencillo.

    Habría simplemente que cumplir con la ley 87-01, específicamente en sus artículos 129 y 152, y la resolución que ordena el inicio del programa, pero falta voluntad y entereza, más que dinero.

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