El panorama electoral para el 2020 se proyecta escabroso. De un lado, la oposición claramente desconfiada de las reglas de juego. El Congreso Nacional, en manos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manda mensajes oscuros sobre la necesidad de implantar una ley de partidos y reformar la ley electoral. Al mismo tiempo, en el oficialismo se precipita una lucha abierta por la continuidad del poder entre las dos figuras principales.
La oposición ha madrugado y presentó una queja ante la representante en el país de la Organización de Estados Americanos (OEA), acerca de falta de garantías para la celebración de unas elecciones limpias y confiables en el 2020.
El continente está dando muestras de que las instituciones del sistema político pueden manipularse a conveniencia, en atención a quienes controlen los resortes del poder. No sería extraño que en el país surgieran tendencias que tratasen de acomodarse a situaciones parecidas en algunos países.
El jueves el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán oportunamente tomó nota de las inquietudes de la oposición durante su visita a la representante de la OEA en el país.
Para el presidente de la JCE “resulta inimaginable que en estos tiempos y en el nivel de democracia alcanzado por el país, se organicen unas elecciones sin tener en cuenta los criterios de justicia que atraviesan transversalmente todo el proceso electoral.
Esos criterios de justicia conllevan necesariamente el no uso de los recursos del Estado, el acceso equilibrado a los medios de comunicación, una razonabilidad en el gasto de campaña y, además, la delimitación equilibrada de los tiempos de campaña”.
Que la JCE esté dispuesta a cumplir con el párrafo IV del artículo 212 de la Constitución es alentador. Ese artículo dice que “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.
No será una tarea fácil. En consecuencia, necesitará un fuerte acompañamiento de la ciudadanía.
