Generación perdida en la educación

    Ha sido de tal magnitud la manera en la que la Covid-19 ha impactado en la región al sistema educativo, que ya se habla del riesgo de una “generación perdida”.
    Esto debido a que millones de niños, niñas y adolescentes, se cree que 66 millones, no pudieron asistir a clases presenciales durante la pandemia y en sus hogares carecían de conexión adecuada a internet, una herramienta más que necesaria para la educación a distancia.

    De “generación perdida” ha hablado la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, quien pone de relieve que el mayor empeño estuvo puesto en la crisis sanitaria, no así en la crisis de la educación, que a su juicio ha sido gravísima.

    Según las cifras de ese organismo los estudiantes en América Latina y el Caribe perdieron 56 semanas de clases, y alrededor de 35 millones no pudieron asistir a clases presenciales, y 3.1 millones quedaron en riesgo de no volver a la escuela.

    O sea, según la CEPAL, el cierre escolar comprometió el desarrollo integral de este segmento de población.

    Quizá estuvo relegada, por el mayor empeño puesto en la crisis sanitaria, la necesidad de garantizar el acceso universal a internet y asumir la educación como un bien público, que tiene que ser gratuito y de calidad.

    En República Dominicana la educación también fue afectada por la pandemia, con el agravante de que afrontábamos graves crisis de aprendizaje.

    Para muestra, en las pruebas PISA los estudiantes de secundaria figuraron en los últimos lugares entre 78 países evaluados: antepenúltimos en lectura (76) y últimos en matemáticas y ciencias (78).

    Y según la última Evaluación Diagnóstica Nacional, de los alumnos de tercero de primaria solo el 12% y 27% demostraron las competencias esperadas en lengua española y matemáticas.

    Este rezago genera unos desafíos que exigen respuestas contundentes, gestiones pedagógicas intensivas, revisiones de los métodos de enseñanza-aprendizaje, una administración coordinada y eficiente y mayores niveles de exigencia, para que esa “generación perdida” no termine materializándose como una carga insostenible para el futuro del país.

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