Es muy grave la admisión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de que la envasadora Coopegas operaba en Licey, Santiago, sin los permisos medioambientales requeridos.
La irregularidad operativa de la envasadora de gas licuado de petróleo (GLP) se revela luego de un trágico accidente ocurrido en la planta, que acumula un saldo de 11 personas fallecidas y dos menores lesionados, uno de un año y nueve meses y otro de 14 años.
Se supone que para una envasadora de gas operar debe cumplir con una serie de requisitos y obtener diversos permisos de diferentes organismos estatales, que van desde los ministerios de Medio Ambiente, Industria y Comercio, el Ayuntamiento de la localidad donde esté localizada y el cuerpo de bomberos correspondiente. A raíz de los trágicos accidentes que ocurrieron en el Gran Santo Domingo en el año 2017, el Ministerio de Industria y Comercio emitió un reglamento para regular las operaciones de nuevas envasadoras que sean instaladas y ajustar a las que ya estaban en operación. La norma estableció requisitos de distancia para las operaciones en áreas pobladas según la densidad de habitantes en la cercanía, y requisitos de inspección de los equipos de cada planta.
El espíritu de la medida buscaba reducir los accidentes en las plantas envasadoras, casi siempre consecuencias de desperfectos mecánicos en los equipos, como escapes por daños en válvulas.
Se pensó incluso que la regulación contribuiría a aumentar la necesaria formalidad en el sector que se dedica a la venta de combustibles.
La admisión del Ministerio de Medio Ambiente de que la envasadora de Coopegas no contaba con los correspondientes permisos de ese organismo estatal, echa por tierra cualquier argumento de mejoría en la regulación del sector, porque significa que no hay seguimiento, que no se hacen las correspondientes inspecciones para averiguar si las envasadoras cumplen las normas de seguridad establecidas.
La revelación confirma que la informalidad sigue anidándose en el sector.
Y lo lamentable es que hasta que no sucede una catástrofe, como la de Licey al Medio hace dos semanas, nadie se mueve ni se conmueve, y las bombas de tiempos que representan esos establecimientos continúan con sus mechas encendidas.
Las acciones no deben quedar en mano de las juntas de vecinos que ocasionalmente protestan. El Estado debe actuar.
