El ejercicio del gobierno es una prueba constante. Y donde menos se piensa se origina un conflicto o un escándalo. Ahí tenemos la contratación directa de 70 artistas de parte del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales para la realización de conciertos en el período navideño.
La suma involucrada es nada menos que cien millones de pesos, sin llenar los rigores establecidos en la ley 340 de compras y contrataciones, por lo que La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha recomendado al Gabinete que rescinda los compromisos contraídos y que se someta al cumplimiento de la normativa.
La contratación de esos artistas es una adquisición de servicios, y de acuerdo con la dirección de Compras y Contrataciones Públicas, implica un proceso que debe ser agotado de acuerdo a las previsiones de la ley.
Pero ya se había desatado una controversia por esa acción. Primero, aquellos que no fueron considerados para participar de los beneficios que entrañan esos contratos con el Estado. Segundo, el protocolo que se aplicó para contratar a los beneficiarios.
El propósito, auxiliar a los artistas en medio de las limitaciones que les ha impuesto la pandemia, parece justo, pero lamentablemente no se hizo como manda la ley, y peor aún, parece que se pretendía favorecer a personas por vínculos y cercanías con terceros.
Ya esta Administración tuvo el traspié con el Ministerio de la Juventud. La designada debió renunciar por la situación creada con su declaración patrimonial y hoy es objeto de una investigación del Ministerio Público.
Un gobierno que recién inicia no debe darse estos lujos, en medio precisamente de un proceso de denuncias de irregularidades y fraudes supuestamente ocurridos durante la administración anterior.
Si algunos artistas pasan por una situación económica difícil, lo adecuado hubiese sido que el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales hiciese un levantamiento y determinara con claridad quiénes ameritan ayuda, en vez de adelantar dinero por prestación de servicios futuros.
La cuestión no es sólo proteger a las personas, también implica hacerlo bien.
Son estos los imponderables que deben evitarse, porque impactan la imagen del buen gobierno.
