La permanentemente convulsa Haití ha entrado en una coyuntura de ebullición y se espera que en febrero, como ha sucedido en el segundo mes del año desde hace un lustro, la situación empeore con consecuencias impredecibles.

Desde el 7 de febrero de 2019, cuando empezó una potente huelga general que dejó a ese país paralizado y “bloqueado”, hay una gravísima crisis política, que se conjuga con lo delicado de la situación social y económica.

La inestabilidad es de tal magnitud que en los últimos años han sido desplazados seis primeros ministros, mientras una Asamblea Nacional ilegítima o prácticamente inexistente no pudo realizar elecciones en el tiempo previsto, hasta llegar en ese interregno al asesinato de su presidente Jovenel Moïse.

La pregunta del momento, cuando nuestro gobierno discute en Washington de tú a tú con el que se tambalea en Haití, es si este febrero pueda resultar decisivo, debido a la creciente violencia y al incremento de los secuestros con un agresivo Guy Phillippe que llama al pueblo a movilizarse para derrocar a Ariel Henry.

A esta candente realidad en el territorio vecino, debiera República Dominicana darle un tratamiento especial, porque aunque no se pueda decir que existe un vacío de poder ni ausencia total de una autoridad gubernamental legitimada, hay que tomar nota y recordar, al momento de negociar, que los haitianos han fallado en los últimos cuatro intentos de celebrar elecciones presidenciales: inicialmente fueron programadas para septiembre de 2021, luego hubo dos intentos en noviembre de ese mismo año, y más adelante se escogió enero de 2022. La última fecha señalada es algún momento de este 2024.

Mientras la violencia se recrudece (este fin de semana hombres armados mataron al vicecónsul de Cabo Haitiano Claude Joazard y ocho personas, entre ellas seis monjas, fueron secuestradas; lo que ocupó la atención del papa Francisco), Haití asiste a una suerte de limbo respecto al envío de policías kenianos por incumplimiento de promesas que se hicieron para integrar esa fuerza “pacificadora” y porque en ese país africano el tema se ha politizado y ha caído, al menos hasta finales de este mes, en manos del Tribunal Superior de Justicia.

Aunque suene a exageración, todo apunta a que son los propios haitianos los que le están dando esa exaltada connotación de violencia para este febrero, algo ante lo que el Gobierno dominicano, es nuestra humilde sugerencia, no debiera despegar los ojos.

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