Sugeríamos ayer la importancia de someter a revisión profunda los presupuestos iniciales de la Administración, a la luz de la crisis provocada por la pandemia, un ejercicio que permita superar las dificultades futuras.

Aunque parezca una disquisición, hay hechos que se agregan a la pandemia, aunque veamos una tendencia hacia la aspirada normalización. Al mismo tiempo, se desatan elementos nuevos, como la tendencia alcista del petróleo, el aumento exorbitante de los precios internacionales del trigo, maíz, harina y aceite de soya, más de un 100%, insumos básicos para la producción de huevos, pollos, leche y carne, además de las grasas comestibles.

Nos asecha el impredecible clima, que por los efectos del calentamiento global, nadie sabe si tendremos una dura sequía o el fenómeno de la Niña. Nada que invoque al pájaro de mal agüero. Pero lo ocurrido desde finales de 2019 y durante el año pasado, cuando se precipitó una sequía atroz, y posteriormente un alto volumen de precipitaciones que dañaron muchas cosechas, inquieta. Hablamos de períodos extremos que impactaron negativamente la producción de alimentos nacionales.
¿Cómo encarar una probable caída de la producción de alimentos de origen agropecuario en caso de que se produzca una sequía, si se toma en cuenta que ya en enero la economía experimentó un nivel de inflación de 0.96 %?

Hasta ahora, el gobierno ha actuado para atenuar el impacto de la pandemia en los sectores más vulnerables, mediante los subsidios, pero en atención a lo que podría estar en desarrollo, eso no sería suficiente. El gobierno tiene límites para continuar transfiriendo dinero, y profundizar en esas acciones podría tener consecuencias sobre las finanzas públicas.

Además, ya hay quejas por los precios de los alimentos, los combustibles, materiales que impactan la construcción, la prestación de servicios y la agricultura. En la historia conocida, nadie aplaude los aumentos de precios. Producen descontento social.

Hasta ahora, la administración de Luis Abinader se beneficia de la dispersión de sus opositores, pero la inconformidad social, con el aliento de una oposición que puede tornarse irresponsable, es un imponderable para la gobernabilidad, sin pensar en los atisbos de un recrudecimiento de la inseguridad ciudadana.

El gobierno aún puede atenuar las amenazas que podrían derivar en un conflicto social.

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