Más que visible el malestar de los choferes, cuyas cúpulas empezaron a manifestarse interrumpiendo el transporte en el Gran Santo Domingo. Se quejan de los precios de los combustibles, que se obtienen del petróleo, un producto importado, que no produce la República Dominicana y a consecuencia de múltiples factores, viene experimentando tendencias alcistas. Reclaman compensaciones y hablan de reformar la ley de hidrocarburos.
Si ese malestar es grande, mayor fue el que se produjo ayer en los usuarios de las guaguas y concho de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) que impactó las principales rutas de la ciudad, como los corredores de la Máximo Gómez, 27 de Febrero, John F. Kennedy, avenida Independencia, carretera Mella, etcétera.
La suspensión del transporte de pasajeros provocó un caos. El anuncio previo se efectuó en la noche del domingo, lo que hizo que se convirtiera en un “paro sorpresa”. Las quejas de la gente se expresaron de tantas maneras, contra el gobierno, y ácidamente contra los transportistas. Los términos eran bastante agresivos y por momento soeces.
Fenatrano logró su propósito. Colapsó la transportación humana en la Capital. Demostró la capacidad y la fuerza que tiene en las diferentes rutas. Sugiere que tiene en las manos al poder público, que de inmediato proclamó que no se dejará chantajear.
Los servicios del Metro de Santo Domingo y de los autobuses de la OMSA fueron insuficientes para atender la repentina demanda. Paralizar los vehículos y bloquear las rutas más importantes fue un arma eficaz para mostrar su fuerza.
Más que proclamas, el gobierno debe convencerse de que debe hacer algo para modificar el esquema de transportación predominante en el Gran Santo Domingo. La ciudadanía no puede depender de la voluntad de unos insensatos que se toman la libertad de alterar el tren de vida de la gente para satisfacer sus demandas, por más justas que sean.
El gobierno debe oír a los transportistas, pero debe centrarse en acelerar el plan de reforma del transporte y el tránsito en la capital. Los ciudadanos no pueden amanecer en el puño de Juan Hubieres, o cualquier otro empresario.
Es inaceptable.
