El segundo informe de la Oficina Nacional de Defensa Publica (ONDP) sobre las condiciones de detención y prisión en las cárceles del país, tan dramático como el primero, del que en su momento no se atendió a ninguna de sus 18 recomendaciones, no debiera pasar inadvertido.
En nuestro editorial del pasado sábado 15 decíamos que poco se puede esperar de una sociedad que no humaniza sus prisiones, porque poca o ninguna esperanza de reinserción y de reeducación puede brindar a quienes cumplen condenas.
Estamos ante un asunto de Estado, como certeramente refiere Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, por lo que debiera ocupar la atención directa del presidente de la República.
Cierto que las prisiones están bajo la dependencia del Ministerio Público, al que en la actual gestión de Gobierno se le ha pretendido dar una connotación especial, pero ante un drama humano de tal magnitud el mandatario no debiera mantenerse al margen.
Tan solo el dato de la sobrepoblación y el hacinamiento debiera ser suficiente (una población interna de 25,711 reos, cuando su capacidad es para solo 15,643 personas, lo que indica que la tasa de hacinamiento supera el 64%).
Y la gran incongruencia, la cárcel de Las Parras, construida para reemplazar al penal de La Victoria, y que podría solucionar una buena parte del problema, sobre lo que Finjus señala que hay una irresponsabilidad de la Cámara de Cuentas, que todavía no ha dado a conocer la auditoría que se espera para que eso pueda seguir adelante.
Tampoco ha habido ningún avance para mejorar las condiciones de detención preventiva, reclusos que cumplieron condena y no tienen mecanismos ni recursos para salir, el hacinamiento, brindar asistencia médica y ginecológica a las mujeres entre otras recomendaciones de la ONDP.
La existencia de nueva ley que pretende reemplazar el modelo tradicional de prisiones por uno nuevo, la 113-21, pero no se aprueban los reglamentos de aplicación y todavía más: un 40% de todos los presos duerme en el suelo, en hamacas o sobre cartones.
El citado informe toca la sensibilidad de cualquiera, pero a quienes tiene que tocar la conciencia es a los encargados de elaborar las políticas públicas, que debieran entender que un sistema carcelario en condiciones tan lamentables no puede ofrecer ninguna clase de esperanza vital para tantas personas privadas de libertad.
