Entre sociólogos, politólogos, economistas, políticos llanos y otros exponentes de la sociedad suele utilizarse la expresión “deuda social” pendiente.
Lo hacen como una forma de plantear la falta o deficiencia que hay en el país en oferta de servicios públicos, esencialmente en los de impacto masivo, como educación, salud, transporte, agua y seguridad. Son los principales pero no los únicos acreedores que tiene el Gobierno como administrador del Estado en materia de servicios públicos.
Y ciertamente, son áreas en las que hay muchas fallas, carencias y baja calidad pese a los esfuerzos que realizan los gobiernos en aumentar el llamado gasto social. En cada Presupuesto General del Estado que se diseña y aprueba se nota una expresa intención por aumentar los abonos del Gobierno al gran pasivo social, y la estrechez de los recursos financieros para extinguir esa deuda ancestral.
La asignación a partir del 2013 de un monto equivalente al 4% del PIB para la educación pública preuniversitaria es un reflejo de esa vocación pagadora. Y los reclamos para que en el sector Salud haya un tratamiento parecido evidencian los límites fiscales para cumplir con todos los compromisos pendientes.
Cuando se decide privilegiar, con mayores asignaciones presupuestales, a uno de los sectores de gasto social acreedores, se produce una aceptación general en ese segmento, aunque no necesariamente por la forma como se honre la deuda, es decir, con la distribución del gasto. En los sectores que esperan mayor asignación, en cambio, se produce desaliento, disgusto y hasta motivo para reclamar.
Es el dilema de gerencia global y prioridades particulares que se produce cuando hay muchas necesidades y pocas disponibilidades. Repartir poco entre muchos sería sencillo si se hiciera solo con una simple operación matemática, de dividir lo poco entre los mucho, y darle a cada uno la proporción que resulte. Pero ¿y las prioridades, las valoraciones particulares de cada necesidad?.
Definitivamente, el país está conminado a buscar, ahora o más tarde, un modelo más acorde con su realidad social y económica. De no hacer esa reestructuración operativa, con un modelo fiscal prácticamente agotado, la deuda social seguirá creciendo, acumulando grandes saldos, que también impulsan o provocan que la otra deuda, la financiera que contrata el Estado, por igual crezca.
