La Junta Central Electoral (JCE) tiene la misión de organizar las elecciones próximas, además de sus consabidas obligaciones asociadas a la vida civil de las personas. Con ese propósito trabaja todos los días, pero surgen situaciones que deben ser atendidas.
Unas veces se trata de asuntos muy bien fundados, que ameritan atención. En otros casos, se trata de fruslerías que por igual merecen respuestas, porque forman parte de la dinámica del partidismo dominicano en su afán por llamar la atención o protagonizar.
Ahora recibe “gordas quejas” sobre la composición de las juntas municipales, en el supuesto de que están controladas por elementos que cobran en el Estado dominicano o están al servicio del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La denuncia puede tener su importancia, pero resulta que es parte de la tradición que en cada período esas instancias del sistema electoral sean actualizadas, renovadas o cambiadas. Y siempre se hace mediante consultas abiertas con los propios partidos y las entidades de la sociedad civil en los municipios.
Además, precisamente en el día de hoy el Pleno de la JCE celebrará una “Audiencia Pública” para conocer el punto de vista de las agrupaciones y partidos políticos reconocidos acerca de la conformación de las 158 juntas electorales municipales.
Asumimos que ahí se hablará de la metodología que adoptarán para ese fin.
Otra cuestión “gruesa” en manos de la JCE es la relativa al voto para elegir a los senadores de la República. Han surgido muchísimas opiniones y el tema está bajo estudio. Como simples observadores asumimos que el órgano administrador del sistema no tiene más alternativa que someterse a la ley.
De todos modos, lo fundamental es que la Junta no se distraiga y adopte las decisiones con sentido de oportunidad. Todavía tiene el tiempo y los plazos a favor.
Los partidos y la ciudadanía deben ayudar a la JCE a cumplir su papel. Evitar distraerla de lo fundamental y no erosionar su base de sustentación que es la credibilidad, necesaria para todos aquellos que aspiran a dirigir algunas de las instancias del Estado mediante elecciones limpias.
