El derrocamiento del gobierno de Juan Bosch auspiciado por la administración de John F. Kennedy, y posteriormente, la intervención militar norteamericana en 1965, fueron determinantes para que el liderazgo político criollo concluyera alienándose a los influjos de la política exterior de Estados Unidos. Pero ningún gobernante había llegado tan lejos como el presidente Luis Abinader, que de manera “transparente” se ha adherido a la política exterior de ese país, compartiendo su estrategia, y de manera específica, bloqueando las inversiones de un tercer país en nombre de una seguridad nacional que vulnera el artículo 3 de la Constitución de la República.
El pasado 13 de este mes, la Lista Unida, la tercera fuerza política de Israel, que representa la población árabe en ese país, sugirió a la República Dominicana que no traslade su embajada a Jerusalén, como había anunciado, siguiendo la política exterior de Estados Unidos. En atención a esa posibilidad, la agencia Efe observó: “De concretarse el traslado dominicano, ésta sería una de las decisiones de mayor calado del Ejecutivo de Luis Abinader, en el poder desde el pasado agosto, y cuyas líneas de acción política exterior están en consonancia con las estadounidenses”. El mundo empieza a vernos como un estado satélite de Estados Unidos en política exterior.
Con la firma del acuerdo para “enfrentar la amenaza de la privacidad de información, la seguridad nacional y los derechos humanos…” se hicieron concesiones más allá de lo debido.
No se trata de China. Los dominicanos no tienen por qué comprometerse con otra nación para “salvaguardar” la seguridad nacional “excluyendo a suplidores de equipos 5G que sean considerados de alto riesgo”.
¿Cuál es el alto riesgo, quién lo decide? ¿En base a qué el gobierno compromete la seguridad de los dominicanos cediendo derechos exclusivos de telecomunicaciones o tecnología a un solo país? ¿Promesas de inversiones?
Todo esto pasará, y se quedará como ha sido suscrito. El resto del liderazgo nacional y otros actores harán mutis. O aplaudirán.
Pero “…ninguno de los poderes públicos organizados por la Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad o integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran” en la Constitución.
