Merecen ser discutidas

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    Hoy se celebra el Día del Poder Judicial. Siempre constituye una ocasión para reflexionar sobre la justicia. Esta vez, en lo que vendría a ser la previa, Luis Abinader, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), presentó unas propuestas publicadas en el Listín Diario ayer, orientadas a mejorar la administración de justicia, y especialmente, apuntaladas a fortalecer la independencia de ese poder tradicionalmente bajo el yugo del Poder Ejecutivo o de la fuerza que en cada coyuntura lo controla.

    Su propuesta merece atención, toda vez que implicaría una reforma constitucional, y en efecto, se adhiere al sentimiento de una amplia franja de la sociedad que demanda un fortalecimiento de la justicia, y especialmente su independencia. Con tal fin, propone la suscripción de un pacto por el “adecentamiento de la justicia”. Obviamente, conlleva un acuerdo entre los competidores electorales con la participación de la sociedad civil.

    Son ideas bien pensadas, todas circunscritas al orden judicial. Sin embargo, al tratarse de un pacto con un influjo en la institucionalidad, ya que implicaría una reforma constitucional, debería ser extendido a una reforma por el fortalecimiento institucional, y se incluirían otros ajustes a la Constitución.

    De todas formas, su planteamiento está limitado al marco judicial. Como quiera, es bienvenido. El contenido resulta interesante. Sugiere liberar el poder judicial del peso del Poder Ejecutivo. Comienza por apartar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que lo designaría por un período único de seis años. Asimismo, propone cambios en la ejecución de la política criminal del Estado, mediante la creación de un Ministerio de Justicia.

    Sugiere también la presencia en el Consejo Nacional de la Magistratura del presidente del Tribunal Constitucional, en lugar de un segundo representante de la Suprema Corte de Justicia. En efecto, propone que los jueces de la Suprema sólo permanezcan en sus puestos doce años. La presidencia de la Suprema quedaría reservada a un juez de carrera.

    Las reformas sugeridas se inspiran en la necesidad de liberar la administración del Poder Judicial del peso del Poder Ejecutivo, para lo cual también incluye el respeto a su cuota presupuestaria prevista en la ley.

    Sus ideas merecen ser discutidas.

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