La inclusión de la cuestión migratoria en la presentación de las memorias del presidente Danilo Medina el pasado 27 de Febrero y el anuncio de una reactivación del programa de control fronterizo, con un aumento consistente de las tropas y la utilización de herramientas tecnológicas de vigilancia más eficaces constituyeron un indicador de que el gobierno ya reconoce una realidad irritante en todo el territorio nacional: La excesiva presencia de inmigrantes ilegales procedentes de Haití que se han convertido en amenaza al orden público y la seguridad ciudadana.
Algo tarde, porque los políticos hace tiempo que se han persuadido de la creciente inquietud en la población por esa situación que ameritaba una atención del poder público de mayor carácter.
El asesinato de la pareja de esposos en Pedernales, Neida Urbáez y Julio Reyes Pérez, de parte de una banda de haitianos, según todas las evidencias, fue un detonante más de la preocupante situación. Que la pacífica Pedernales se levantara es llamativo, toda vez que los ciudadanos fronterizos dominicanos conviven con los haitianos normalmente, sin inconvenientes. Utilizan su mano de obra, entran y salen en el rutinario intercambio comercial. En la frontera de Norte a Sur la convivencia es la rutina y sólo la alteran crímenes y delitos o la reincidencia de abigeatos.
Los movimientos militares de estos días no tienen ningún valor si no son sostenibles a largo plazo. Si el gobierno no entiende que ya instituida la norma constitucional en materia de nacionalidad, la especificación de los casos determinados por efecto de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la humanitaria ley 169-14 y la política migratoria, y que debe implantar y sostener una dura campaña de control interno para evitar este proceso invasivo más allá de lo razonable, se corren graves riesgos.
No es cuestión de intolerancia o de falta de humanidad. Es que la presencia de tantos inmigrantes ilegales resulta insostenible desde el punto de vista económico, porque desborda la capacidad de la economía y porque a mediano y largo plazos plantea un serio problema de cohabitación de consecuencias imprevisibles.
Naturalmente, no sería nada, si la Nación dominicana acuerda, decide y concluye en la necesidad de abrir la frontera y fomentar un Estado binacional.
