La trata de personas es la tercera mayor industria criminal en el mundo, la tercera más lucrativa actividad ilegal, después de las drogas y las armas.
Las tres son consideradas los fenómenos sociales dominantes del siglo XXI, por lo que son temas de preponderancia en las agendas de todos los gobiernos, entre los que el dominicano no debiera ser la excepción, aunque parece que estamos un par de pasos atrás.
Por lo menos resulta así en cuanto a las legislaciones, porque la nuestra al respecto data de 2003 y precisa una actualización al no ajustarse a los tiempos en que la internet y las plataformas digitales adquieren importancia en el delito de trata de personas, razón por lo que el tema de este año se centra en el papel de la tecnología como una herramienta que puede tanto permitir como impedir ese ilícito.
Precisamente la necesidad de una nueva legislación fue punto resaltante en la actividad de este año en el país con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, por lo que se llamó al Poder Ejecutivo a que someta un proyecto que se encuentra en manos de su consultoría jurídica.
Una ley con casi 20 años de desfase no puede dar respuesta a una realidad que para los dominicanos debiera ser un tema relevante por el fenómeno de las migraciones.
Si bien trata y migración no son sinónimos, los grupos humanos que tienden a padecer este hecho delictivo son los desplazados, es decir, personas que han tenido que abandonar su país de origen y al nuestro vienen a recalar muchas de ellas, no solo de nacionalidad haitiana.
La trata de personas es considerada uno de los más graves delitos de violación a los derechos humanos, acaso la peor y más inaceptable ofensa a la dignidad de las personas, catalogada como una forma moderna de esclavitud.
Al Congreso Nacional tiene que llegar ya la nueva ley sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, fenómenos execrables de una alarmante actualidad en todo el mundo.
