La Cámara de Diputados aprobó finalmente al Poder Ejecutivo la declaración del estado de emergencia por un cuarto período, esta vez doce días. El Senado debe acoger hoy la enmienda de los diputados y permitir que el gobierno continúe gestionando por decreto todas las políticas frente al coronavirus. Durante estos nuevos doce días, el presidente Danilo Medina estará dirigiendo la Nación con facultades extraordinarias durante 84 días, es decir, dos meses y 24 días, cerca de tres meses.

No se puede decir que en ese tiempo el gobierno ha sido incapaz de resolver el problema que enfrenta el país como la mayoría de las naciones del mundo. Es un proceso que conlleva tiempo. Una pandemia originada por un coronavirus que nadie sabe hasta cuándo continuará azotando la humanidad.

El gran problema es que a la República la pandemia le llegó en medio de un proceso electoral. Y esa realidad le confiere una característica especial. Extender durante ese tiempo un estado de emergencia se convierte en un arma propicia para quienes están en el poder y aspiran continuar.

Y la oposición percibe que les entrega con cada aprobación del estado de emergencia una suerte de “carta blanca” para que las autoridades manejen convenientemente sus políticas sociales hacia la mayoría de la población, que al mismo tiempo son los votantes de las elecciones del 5 de julio. Aquí, todo lo que proviene del Estado es recibido por la pobre gente como una ayuda de la mano generosa de quienes administran la cosa pública.

En esas condiciones, la oposición ha debido aprobarle al presidente Medina cuatro períodos de excepción, en la comprensión de que es su manera de apoyar la guerra contra el coronavirus, pero entiende que los gobernantes aprovechan la coyuntura para sacar ventaja y mejorar su posicionamiento electoral.

En esta crisis, la oposición ha quedado colocada en una posición muy difícil, porque no puede competir con los recursos del PLD y sus candidatos, y con el mismo gobierno, “atendiendo a los pobres”.

Pero los diputados opositores no tenían más alternativa que aprobar la extensión del estado de emergencia. No hacerlo tendría mayores costos políticos, porque la culpa de la parte mala de lo que pueda venir de la pandemia, se la tirarían toda.

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