Al cierre de la pasada legislatura la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley de esos que desdicen de la institucionalidad, de cómo de la noche a la mañana se da un paso hacia atrás, sin dialogar ni socializar adecuadamente iniciativas que a la postre pueden impactar negativamente la vida social y económica.
Es ahora, cuando la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR), da una voz de alarma ante el intento de tumbar la ley 137-97 sobre la rotación de algunos días festivos, sobre criterios de “Patria” o de respeto de celebraciones emblemáticas. La iniciativa fue aprobada de urgencia el 25 de julio pasado.
Pero la ley No. 139-97, del 19 de junio de 1997 que se quiere eliminar fue impulsada por Pelegrín Castillo, uno de los más ardientes batalladores en pro de valores asociados a la defensa de la dominicanidad. Siendo así resulta hasta risible que ahora se plantee la inamovilidad de determinadas celebraciones invocando “valores patrios.” Los valores patrios se elevan mediante la práctica y prédica cotidiana. Una celebración conmemorativa puede moverse sin que nada se afecte.
En su momento Pelegrín Castillo planteaba la conveniencia de que el feriado se moviese de forma que conecte con el fin de semana, y entendió que era de alto interés nacional para no interrumpir la jornada laboral de lunes a viernes.
Retroceder a la inamovilidad afectaría el turismo provincial, a los negocios y servicios que se dinamizan durante los largos feriados. También destrozaría la oportunidad de miles de familias que aprovechan esos feriados para visitar a sus parientes.
Con ese punto de vista concuerda el senador José Ignacio Paliza, que observa que la iniciativa para modificar la ley 139-97 puede ser “noble”, pero sería un duro golpe para destinos como Puerto Plata, porque según estudios cada fin de semana largo circulan importantes volúmenes monetarios en esos pueblos.
La realidad: no hay razones visibles ni ciertas que sugieran que rodar una celebración conmemorativa disminuya el fervor patrio. El sistema actual está bien y no daña a la República. ¿Por qué cambiarlo?
