El contenido del video en la barbería de Villa Vásquez, provincia de Montecristi, pone en el tapete un problema que la mayoría de la población asume como una realidad verificada por los numerosos hechos delictivos en que agentes policiales participan junto a cualquier tipo de criminal.
Ahora se trata de una acción grabada por cámaras donde operativos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) supuestamente “plantan” sustancias prohibidas en un negocio, con un propósito desconocido, pero que la mayoría de la ciudadanía imagina.
Los jefes de las agencias de la persecución de los delitos y crímenes no quieren darse cuenta que están montados en potros indomables, o bien domados, que operan mediante un sistema de corrupción extendida, de muy amplio espectro. Pero para no hacer vagas conclusiones, es preferible que asumamos que definitivamente las jefaturas no lo saben.
Pero la gente común está muy persuadida de las complicidades con el crimen o del uso abusivo del poder contra los inocentes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denuncia, movida por esta situación, que tiene registrados más de mil casos de sometimientos por cargos de drogas, víctimas de las siembras que supuestamente les hacen los agentes. Sólo en una barriada del Distrito Nacional la Comisión lleva diez casos.
Quienes quedan detenidos o resultan sometidos son muchachos que no pueden reunir prontamente RD$1,500 o RD$2,000 para que les hagan “las diligencias” para no terminar en prisión.
Los motoristas, que sufren redadas continuas en los barrios mediante las cuales se persigue a los delincuentes, terminan con sus aparatos retenidos, y ya ustedes imaginan lo que deben hacer para recuperarlas.
Esa es una realidad compartida en cualquier esquina u objeto de murmuración en cualquier reunión de vecinos.
Todo eso apunta a la credibilidad de las agencias de persecución del crimen, lo que tanto preocupa a sus jefes.
Y resulta imposible contabilizar el daño que hacen a las personas, y en general, a la sociedad.
En fin, que viendo estos hechos, resulta fácil concluir que la confianza en las agencias de seguridad es muy precaria.
