La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) ha presentado un nuevo informe sobre las condiciones de detención y prisión en las cárceles del país, tan dramático como los anteriores, referido el de ahora, además del hacinamiento y la sobrepoblación, al aumento de enfermedades.
Preocupa la cantidad de pacientes diagnosticados con VIH (431), más de 500 con enfermedades mentales recluidos en celdas de aislamiento, hipertensión arterial (1,569), diabetes (726) y otros en prisión porque no pueden pagar la garantía económica y multas de hasta RD$2 mil.
Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, ha vuelto a instar a las autoridades, como en los informes anteriores, a que aborden con urgencia estas cuestiones, sobre todo las condiciones inhumanas de detención.
Citó entre ellas el hacinamiento, que en la cárcel de La Victoria llega al extremo de 7,093 privados de libertad, 3,392 de ellos con prisión preventiva, 3,701 condenados, en un recinto vetusto y deteriorado con capacidad para alojar solo a 2,000 detenidos.
La situación de la cárcel de Pedernales es alarmante, con 74 privados de libertad que cohabitaban en una sola celda. En la mayoría de los recintos los presos carecen de colchones, duermen sobre cartones o telas, en espacios sin ventilación adecuada y con sanitarios colapsados.
No hay que profundizar demasiado en el análisis para llegar a la conclusión de que la sobrepoblación carcelaria obedece a la lentitud del sistema judicial, que tarda demasiado en resolver los procesos, que debiera, en el caso de los preventivos que no pueden pagar una fianza, liberarlos sin ese cargo, lo que aliviaría en parte el problema.
Otra causa es la desidia de las autoridades, que tratan a los privados de libertad, sobre todo cuando son pobres, con una indiferencia que raya en la crueldad, mientras las obras de las nuevas cárceles están paradas por procesos judiciales y no se sabe cuándo se terminarán.
Mientras la prisión preventiva indefinida siga siendo una política del sistema judicial las cárceles continuarán llenándose de presos sin condena, lo que favorece además la existencia de mafias internas que se lucran con esta situación.
Se trata de un asunto de Estado que debiera ocupar –y preocupar- al Poder Ejecutivo, porque nada se puede esperar de una sociedad que no humaniza sus prisiones, debido a que poca o ninguna esperanza de reeducación o reinserción es capaz de ofrecer a quienes cumplen condenas.
