El jueves y el viernes de la semana pasada desde el Gobierno se enviaron dos señales contradictorias; una de corte político-económico y otra sanitaria para obligar a los no vacunados a que se vacunen.
Por un lado, la Presidencia de la República flexibiliza al máximo las medidas restrictivas contra la COVID-19 al dar por terminado el estado de emergencia y consiguientemente el toque de queda.
Evidentemente que se trata de una decisión netamente política para reducir los ruidos en el ambiente de la calle y allanar el camino para los contactos con el liderazgo nacional por el anunciado consenso para la reforma fiscal.
Por otro lado, las autoridades sanitarias endurecen las penalidades para que se respalde la vacunación y así “persuadir” a las personas que se resisten a inocularse.
Lo hacen mediante una resolución a la que estuvieron rehuyendo en los momentos más críticos de la evolución de la pandemia, con la que se prohíbe el ingreso a diferentes lugares públicos a los que no porten el carnet de vacunación.
Esto es lo que consideramos contradictorio: por un lado se afloja y por el otro se aprieta.
Sobre la decisión de la Presidencia de la República de descontinuar el estado de emergencia, mejor simpatizábamos con que solo se levantara su vigencia en aquellas provincias que arribaran al 70 % de vacunados.
Y respecto a las teorizaciones que se han suscitado con la resolución de Salud Pública por su supuesta ilegalidad y presuntamente violentar derechos individuales y constitucionales, estamos a favor, sin medias tintas, de todo lo que vaya con el bienestar de la mayoría de la población.
Esas medidas en apariencia compulsivas, debieran ir acompañadas del fortalecimiento de la campaña para que la gente acuda a vacunarse y para que se observen todos los protocolos preventivos. En pocas palabras: no bajar la guardia.
Solo cuando la proporción meta de la población haya sido vacunada, dejaremos de ir cuesta arriba y entonces sí podremos emprender, sin altas y bajas, el despegue definitivo hacia la estabilidad de nuestro sistema de salud y el desarrollo sostenido de la economía.
