Renovar la sanción penal

    Como van las cosas, la justicia dominicana continuará decidiendo sobre los delitos y crímenes con los mismos criterios de hace 137 años, cuando fue aprobado el Código Penal vigente. La suerte que sigue el proyecto de Código Penal está asociada al aborto, que tiene dividida la opinión de los dominicanos sobre tres causas que debían conducir al mismo.
    El debate ha cobrado un nuevo brío a propósito de la conclusión del estudio de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que decidió eliminar dos de los tres factores que han provocado una confrontación durante 18 años.

    Ocurre en medio de una pandemia. Las partes difícilmente encontrarán puntos comunes. Las contradicciones son principales y probablemente así se reflejarán entre los legisladores, cada vez más comprometidos con los contendientes en una u otra dirección.

    Quienes abogan por las eximentes, es decir, que se permita el aborto cuando la vida de la mujer esté en peligro, cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto o cuando el feto tenga malformación incompatible con la vida, han plantado una protesta frente al Palacio Nacional, dirigida a recabar un apoyo mucho más explícito del presidente Luis Abinader para su causa. De hecho, ya el mandatario ha expresado su parecer, y ahora sostiene que es una materia de la competencia del Congreso.

    Es oportuno preguntar hasta dónde tiene sentido el plantón femenino frente al Palacio Nacional, cuando la suerte del proyecto de ley será decidida en el Congreso. Dirán que el Presidente tiene una fuerza que pudiera ser decisiva, pero la batalla se ha individualizado entre los legisladores, aunque los partidos ya han fijado posición.

    La idea de excluir el aborto del Código Penal podría interpretarse como una ganancia de causa o una derrota para las partes encontradas, pero podría convertirse en una salida adecuada para aprobar lo principal, que es el régimen de sanción para los crímenes y delitos cada vez más extendidos.

    Pero la República no debe tampoco dar la espalda a un tema tan sensible para las mujeres y dejarlo en el aire sin que haya una definición, aún sea en un estatuto especial.

    De todas formas, sería una irresponsabilidad no renovar el Código Penal y prolongar hasta el infinito una cuestión tan vital para la Nación.

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