La procuraduría general de la República anunció su plan contra la violencia de género. Como otras instituciones del Estado y organizaciones privadas trabajan en igual empeño, esa institución ha precisado que dicho esfuerzo se aplicará en coordinación con las mismas, como el Ministerio de la Mujer.
El Plan Nacional Contra la Violencia de Género podrá ser observado desde diferentes perspectivas, y como habría que suponer, se le pueden hacer reparos. Pero el elemento principal es que el Ministerio Público ha singularizado su misión en materia de protección ciudadana, con un enfoque que pretende prevenir y evitar la hemorragia que estamos sufriendo.
Un paquete de medidas que habría que consensuar y congeniar con otros actores, pero en general interesa que es una materia de política pública general relativa a la seguridad.
En lo que tiene que ver con las matrices del problema, es interesante que se piense en “guías de prevención para estudiantes y maestros del nivel primario y secundario en coordinación con el Ministerio de Educación”. Se sabe muy bien que la escuela es una extensión de la familia y del barrio, y allí se reproducen prácticas sociales y vecinales de las cuales la violencia de género no es nada extraño. Es parte de las vidas de los alumnos. Que se sensibilice desde las escuelas es buena idea. Igual que haya un programa orientado en la misma dirección en las universidades.
Asimismo, ayuda que el Ministerio Público se interese en socializar con la comunidad sobre un problema de esta índole. Satisface también que haya una especialización del personal que atenderá estas situaciones. La investigación y la atención a las víctimas no pueden estar en manos improvisadas.
Y obviamente, nada que no sea competencia del Ministerio Público: una más eficiente política de protección de las potenciales víctimas de violencia de género. Cualquier medida sería muy útil. Una pena que no se estén aplicando desde antes.
Y algo que nunca debió ser: la prohibición de dejar en manos de las víctimas las citaciones, órdenes de protección o de arresto de agresores.
Saludamos esta reacción de la Procuraduría, pero no debe olvidarse que la injusticia social y la marginalidad son las principales causales de la violencia.
