El paso por el país del huracán Fiona el pasado lunes ha vuelto a poner al descubierto la fragilidad y vulnerabilidad en que vive una gran parte de la población, y la poca cultura del seguro que existe.
Los daños causados por el huracán de categoría uno han dejado simultáneamente lesiones y lecciones. El Estado dominicano califica para ambas situaciones.
Los grandes volúmenes de recursos económicos que ha comenzado a disponer el Gobierno para socorrer damnificados, construir, reparar y rehabilitar bienes públicos y privados afectados por el fenómeno atmosférico, lesionan las finanzas públicas pues son erogaciones que no estaban previstas más allá del exiguo Fondo de Calamidad Pública que se asigna en el Presupuesto General del Estado siempre con un monto muy por debajo del que dice la ley que lo instituyó y que debía ser el 1 % de los ingresos corrientes.
El Estado también tiene que asimilar la lección que vienen dando los huracanes, tormentas y terremotos que han impactado el territorio nacional a partir del destructivo y feroz ciclón David, que desoló al país el 31 de agosto de 1979. El tradicional desinterés del Estado persiste pese a que los huracanes y tormentas que han azotado el país entre 1979 y 2007 han significado para las finanzas públicas costos equivalentes entre 0.6 % y 18.4 % del PIB, con desembolsos de entre US$285.0 millones y US$3,200 millones.
Por su ubicación geográfica, la República Dominicana está en la ruta de los huracanes, y también está situada en la influencia de una importante falla tectónica que la hace vulnerable a terremotos. Esas dos condiciones crean una alta exposición de las infraestructuras, principalmente las vías de comunicación terrestre como carreteras, puentes, elevados y pasos a desnivel.
Tienen también alta exposición a desastres por fenómenos naturales las presas, túneles y los edificios públicos, entre ellos escuelas, hospitales y oficinas públicas.
Es inexplicable que obras millonarias, como el Metro de Santo Domingo no cuenten con una póliza de seguros de cobertura total. Del Metro solo los vagones, que representan menos de una cuarta parte del valor, están asegurados. Es tiempo de que el Estado asegure sus infraestructuras, utilizando cualquiera de los mecanismos que existen. Es más oneroso asumir una pérdida total o parcial que pagar un seguro.
