El pasado jueves Amnistía Internacional (AI) publicó un nuevo informe con denuncias de malos tratos a los inmigrantes haitianos que solicitan asilo en Estados Unidos o procuran ingresar a su territorio.
Esta organización documenta con más de 20 testimonios lo que califica como “tortura basada en la raza” y violación al derecho internacional, además de un brutal aumento de las deportaciones, al extremo que desde septiembre de 2021 y mayo de este año, EE.UU. deportó vía aérea a más de 25,000 haitianos.
Este dato es relevante visto desde República Dominicana, porque en los informes anuales del Departamento de Estado siempre se nos acusa de atropellar a los migrantes haitianos y a sus hijos, así como a dominicanos de ascendencia haitiana, al detenerlos y supuestamente deportarlos sin siquiera permitirles recuperar los documentos de inmigración o ciudadanía de sus residencias.
No hay calidad moral de EE.UU. ni de ningún otro país para criticar los esfuerzos del Gobierno dominicano por controlar un posible desborde de la inmigración haitiana, porque es precisamente lo que ellos hacen.
Un ejemplo de que el Departamento de Estado de EE.UU. no puede pretender darnos “pau-pau” por nuestra política migratoria es que su actual presidente, Joe Biden, ostenta frente a Haití el más radical de los récords al deportar a su país de origen en su primer año y medio de gestión 26,000 inmigrantes haitianos, más que las deportaciones sumadas en los períodos completos de Bush, Obama y Trump, en los que fueron devueltos 17,090.
Dice el informe de AI que entre octubre de 2021 y agosto del 2022, 50,000 migrantes provenientes de Haití fueron detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses, según datos del gobierno.
Además, que los migrantes haitianos no recibieron alimentación suficiente, atención sanitaria o información jurídica durante su reclusión en los centros de detención en la frontera.
Que no nos venga con cuentos el Departamento de Estado, que en su informe 2021 sobre los derechos humanos en República Dominicana tuvo el descaro de denunciar que “el Gobierno deportaba informalmente a personas llevándolas al otro lado de la frontera sin documentación”.
