Después de una semana de vibrantes manifestaciones por lo ocurrido el pasado 16 de febrero, cuando debieron celebrarse las elecciones municipales, ahora se abre un nuevo período en el proceso.
El elemento clave lo constituye la convocatoria a votaciones del próximo 15 de marzo.
De modo que a los candidatos y a los partidos sólo les quedan catorce días para el programa de trabajo que habrán de desplegar.
En consecuencia, es necesario que los partidos de oposición retomen su campaña, porque ya el partido oficial arrancó, o más bien, continuó, porque no ha cesado.
La cuestión pendiente y planteada por las organizaciones políticas es el pliego de condiciones después de lo ocurrido con la suspensión de las elecciones, que implicaba un diálogo, ha recibido como respuesta el silencio.
El presidente Danilo Medina, al cual los opositores señalaron como elemento esencial para ese diálogo, prácticamente se ha desentendido. El pasado 27 de febrero era una oportunidad para que lo hiciera en su discurso a la Nación, pero lo obvió.
Siendo así, y ante la inaplazable realidad de las elecciones ya fijadas, está más que claro que no tienen tiempo que perder.
El asunto no es sólo competencia de los partidos, sino del país.
Las elecciones tienen que celebrarse como ha sido pautado por la Junta Central Electoral (JCE) y la realidad demanda que los actores accionen.
Se sabe que después del 16 de febrero las arcas de los opositores quedaron vacías y la JCE, si bien dio a entender que hará contribuciones, no lo ha hecho. La falta de financiación es un obstáculo en una competencia justa.
Mientras, el tiempo apremia.
El país necesita que las elecciones se celebren en esas condiciones de igualdad, de modo que todos los actores puedan participar en el proceso y que no haya un jugador en posición dominante, con amplios recursos publicitarios y una capacidad operativa ilimitada.
Es cuestión de justicia mínima en la competencia electoral.
