Una inversión privada por RD$14,000 millones, que ha creado 9,928 empleos directos, son cifras para pensarlas. Invitan a hacer una inferencia del planteamiento del gurú de la administración de empresas, Peter F. Drucker, pensador nacido en Austria y nacionalizado norteamericano, que supeditaba la medición al conteo.
Medida desde su aplicación, la Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo ha posibilitado la instalación de 81 empresas en las siete provincias fronterizas concebidas como zona de desarrollo en la cual hoy se puede contar esa voluminosa inversión que ha creado esos casi diez mil empleos.
Estadísticas del Consejo de Coordinación de Zona Especial Desarrollo Fronterizo contenidas en su estudio sobre “una visión global del impacto económico”, muestran que la inversión en la zona bajo influencia de la ley 28-01 ha posibilitado la instalación de esas 81 empresas, el 80% de ellas en las provincias Montrecristi y Santiago Rodríguez. De este universo 46 corresponden a Montecristi, seguida de Santiago Rodríguez, con 14; Dajabón con 12; Independencia con 5 y Elías Piña con 1.
La legislación, promulgada el 4 de enero del 2001, estableció incentivos especiales para promover un flujo de inversiones suficientes para estimular el empleo y detener la migración que amenaza la supervivencia de los pueblos fronterizos.
En uno de sus considerandos, la ley cita el precepto constitucional que establece que “es de supremo y permanente interés nacional el desarrollo económico y social del territorio de la República a lo largo de la línea fronteriza”. Fue concebida para dar vida a Montecristi, Santiago Rodríguez, Elías Pina, Pedernales, Dajabón, Bahoruco e Independencia.
Esa ley no solamente está dirigida a impulsar la supervivencia económica y combatir la pobreza en esa zona. También responde a una visión estratégica del desarrollo nacional equilibrado y busca proteger y preservar el territorio dominicano. En consecuencia, instituye quizás los incentivos de mayor rendimiento para el interés nacional.
La legislación no ha estado exenta de oposición. Hay sectores que la adversan, y fruto de esa postura hay un proyecto que persigue modificarla y hasta eliminarla. Es una suerte de obsesión contra un interés supremo de la República.
Pero un balance general del impacto de la norma plantea que es necesario preservarla y mejorarla para bien de esos pueblos que también tienen derecho a una vida digna.
