El chiste se cuenta solo

El presidente sostiene que durante su gestión más de un millón de dominicanos salieron de la pobreza y que la República Dominicana dejó de formar parte del mapa mundial de la subalimentación elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al reducir la prevalencia de personas con subalimentación por debajo del 2.5% de la población.

Si esas afirmaciones se escuchan de manera aislada, parecería que el país atraviesa uno de sus momentos estelares y de mayor progreso social de su historia reciente. Sin embargo, cuando ese discurso se contrasta con las cifras oficiales emerge una contradicción que resulta difícil de ignorar.

Si la pobreza disminuyó desde el 26% hasta niveles cercanos al 16%, y más de un millón de personas mejoraron sus condiciones de vida hasta superar la línea oficial de pobreza, cabría esperar que una parte importante de esas familias dejara de necesitar las ayudas de los programas sociales.

Sin embargo, la realidad parece contar una historia distinta. Mientras el «cartel del cambio» celebra la reducción de la pobreza y la cercanía del llamado «hambre cero», mantiene una de las redes de transferencias monetarias más extensas de la historia.

Alrededor de 1.5 millones de hogares reciben transferencias monetarias del programa Aliméntate, aproximadamente 1.3 millones son beneficiarios del Bono Gas y más de medio millón recibe el Bono Luz. A ello se suma la distribución de 10 millones de raciones de alimentos en el mes de diciembre durante los últimos dos años.

Las cifras plantean una interrogante que el discurso oficial pretende ignorar. Si la pobreza disminuyó y la subalimentación afecta a una fracción reducida de la población, ¿por qué una proporción tan elevada de hogares continúa necesitando apoyo para cubrir necesidades tan básicas como la alimentación, el gas para cocinar o el pago de la electricidad? ¿Por qué cada mes de diciembre se entregan 10 millones de raciones de alimentos calientes?

La contradicción se vuelve más evidente cuando se comparan las estadísticas oficiales sobre pobreza con los padrones de beneficiarios de los programas sociales. Mientras las estimaciones del MEPyD sitúan en torno a medio millón el número de hogares en pobreza total, aproximadamente 1.5 millones reciben mensualmente transferencias monetarias para la compra de alimentos. Por cada hogar clasificado como pobre, cerca de tres reciben apoyo alimentario del Estado.

Es probable que parte de esos hogares corresponda a familias vulnerables que, a pesar de haber superado la línea oficial de pobreza, todavía no disponen de ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Si esa fuera la explicación, el Gobierno estaría reconociendo que abandonar las estadísticas de pobreza no significa lograr condiciones de vida dignas.

Otra posibilidad es que los registros administrativos no estén actualizados y permanezcan en los padrones de beneficiarios familias cuya situación económica no justifica los apoyos del gobierno. En ese caso, la atención se concentra en la errática estrategia de focalización aplicada, en la desactualización de los padrones y en la mala gestión del gasto social.

Una tercera interpretación, políticamente más delicada, es que la expansión de las transferencias sociales tenga el propósito deliberado de configurar una estructura de dependencia, donde la permanencia en los programas deja de responder exclusivamente a criterios de vulnerabilidad y comienza a adquirir una lógica de clientelismo político.

Por ello es indispensable que el Gobierno publique información sobre la composición de los padrones, la condición socioeconómica de los beneficiarios y, sobre todo, el número de familias que cada año abandonan la pobreza porque lograron mejorar su condición económica.

Para el «cartel del cambio» el objetivo es aumentar indefinidamente el número de beneficiarios, pero una política social exitosa no se mide por el volumen de recursos distribuidos, sino por su capacidad para transformar esas transferencias temporales en oportunidades permanentes de autonomía económica.

El debate trasciende la discusión sobre la pobreza monetaria o los indicadores internacionales de subalimentación. La verdadera pregunta consiste en determinar cuántas familias pueden sostener una alimentación saludable con los ingresos generados por su trabajo y cuántas todavía dependen de una transferencia estatal para satisfacer una necesidad tan elemental como alimentarse.

En un país con aproximadamente 3.9 millones de hogares, las cifras del Gobierno reconocen que cerca de 1.5 millones reciben una transferencia para comprar alimentos. Esto representa casi cuatro de cada diez hogares dominicanos.

Estos datos, requieren de una explicación y obligan a matizar el triunfalismo con que se presentan esos resultados.

Las estadísticas pueden registrar avances importantes. Pero cuando los programas sociales continúan beneficiando a una proporción tan elevada de hogares, el discurso oficial pierde credibilidad. Es cuando la realidad supera la ficción y el relato del gobierno se contradice.

Y cuando son las estadísticas del Gobierno las que desvelan la falsa narrativa oficial, no hace falta construir una crítica demasiado elaborada. El chiste se cuenta solo.