Por mucho tiempo, las soluciones de desplazamiento de nuestro país giraron en torno a las nuevas calles y avenidas. La discusión alrededor de las infraestructuras viales tenía sentido, porque veníamos de una economía de renta baja; aspirábamos a un incremento de ingresos y al desarrollo progresivo de ciertas industrias.
Y aunque pudiera parecer que hablamos de una conversación surgida en la pre-historia, en realidad pasó hace solo unos pocos años. Si entráramos hoy a las imágenes del Archivo General de la Nación, encontraríamos fotografías de unas ciudades muy diferentes a las que consolidan el tejido urbano de la República Dominicana actual.
Con el cambio en la forma de organizar los focos urbanos, también fue necesario cambiar la conversación. La movilidad sigue siendo fundamental, con la salvedad de que ya no es el centro del diálogo, sino parte de una conversación mucho más amplia. Me refiero a la accesibilidad.
Y para que estemos en la misma página, cuando decimos que una ciudad es accesible, no estamos refiriéndonos a que tiene rampas y estacionamientos para personas con discapacidad. Eso es importante, pero está lejos de ser suficiente y mucho más distante de ser lo más relevante. Por el contrario, la idea de accesibilidad tiene que ver con la facilidad que tiene una población para acceder a bienes y servicios, así como al disfrute de las actividades de un entorno.
Si pensamos en esta idea, podemos evolucionar de invertir en políticas accesibles porque son buenas para las personas con discapacidad a asumir la accesibilidad como eje estratégico de las políticas públicas, porque tienen la mayor posibilidad de impacto en mejorar la calidad de vida. Y para ilustrarlo, pongamos dos ejemplos que de entrada no vincularíamos a la idea antigua de accesibilidad.
En el fin de semana haremos un puente con el Día de Las Mercedes. Tomaremos la autovía de Samaná y disfrutaremos de la playa.
De camino, al caer la tarde, al carro se le daña la transmisión y no podemos ir ni para alante ni para atrás. Podemos llamar al seguro, pero sabemos que tardará mucho en llegar y este es un viaje familiar en el que hay niños pequeños.
Aquí podemos optar por marcar el “511” de RD Vial. Indicamos cuántos somos, que tenemos el vehículo quedado y dónde nos encontramos exactamente.
En ese momento, el concepto de accesibilidad adquiere una dimensión enorme. Porque tal como habíamos dicho, tiene que ver con el acceso a servicios, en este caso, la asistencia vial, la garantía de seguridad y la posibilidad de movilizarnos hasta un lugar donde estemos protegidos, son atributos reales de una política accesible.
Por fenómenos como este, distintos investigadores asociados al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han precisado la necesidad de cambiar el paradigma alrededor de las ciudades. Señalan que con las transformaciones que han experimentado y que experimentarán los entornos urbanos, el enfoque de accesibilidad ofrece muchas más posibilidades de respuesta a las demandas sociales.
¿Significa que la rampa, el audio en el ascensor o los semáforos inteligentes pierden validez como recursos accesibles de los espacios públicos? Para nada. Por el contrario, adquieren mayor relevancia, porque dejan de ser instrumentos pensados solo para las personas con discapacidad y se transforman en piezas de una infraestructura de gestión de lo público, centrándose en las personas.
Así, la tranquilidad de contar con un servicio como el 511 para una situación que requiera asistencia vial tiene tanta relevancia como el paso de cebra o la eliminación de residuos en las aceras. Igualmente, la transición hacia respuestas digitales en la movilidad es otra dimensión de este enfoque en accesibilidad.
Digamos que la familia, en lugar de quedarse porque se le dañó la transmisión, puede hacer su viaje con normalidad. Cuando llegue al peaje, agradecerá contar con un mecanismo para hacer el pago automático, puede que sea a través del Pase Rápido o mediante una nueva innovación electrónica; pero lo cierto es que, cada minuto que se ahorre en una fila de vehículos, es tiempo de calidad con su familia. Pero también es un espacio que puede sostener la capacidad de gestión del recorrido.
Porque, aquí entra otra de las dimensiones esenciales de la accesibilidad. A menudo pensamos que el objetivo de las iniciativas de accesibilidad es que las personas puedan utilizar un espacio público. Y aunque sí, es necesario que la ciudadanía acceda a los espacios; ese acceso no es el fin último. La meta real es impulsar la autonomía; es decir, la capacidad de tomar decisiones que tienen las personas.
El pago electrónico en un peaje hace posible que la familia tenga más opciones en torno a las cuales tomar sus propias decisiones. Sucede lo mismo cuando las puertas de una institución son lo suficientemente anchas o cuando los servicios gubernamentales están disponibles en múltiples formatos, incluyendo página web, centro de llamada y presencial.
Ahí radica la importancia de transformar la definición personal que se tiene sobre accesibilidad. Pasando de poner el foco en las medidas de las construcciones y los protocolos de internet a una perspectiva en la autonomía de las personas, entonces se eficientizará la inversión pública, se incrementarán las opciones para todas las poblaciones y se priorizarán proyectos que vayan más allá de las obras megalíticas.
